La acción popular que pide responsabilidad a los promotores de las marchas del próximo 21 de noviembre, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El recurso judicial será estudiado por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, quien confirmó que los demandantes buscan que no se lleve a cabo el paro nacional.
“Se espera que estas protestas causen graves afectaciones a los derechos e intereses colectivos como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la institucionalidad, por las manifestaciones que han hecho públicamente y a través de las redes sociales los promotores del mismo”, manifestó.
Aunque, defendió la protesta social como un derecho constitucional, no la apoya, pues los promotores no han explicado con “exactitud” las razones de su convocatoria.
Por lo anterior, respaldó su acción judicial solicitando la, también obligación constitucional, de preservar la paz en el país y evitar el vandalismo.
En la demanda no fueron solicitadas medidas cautelares para detener las movilizaciones, sin embargo el tribunal estudiará si las otorga o no como parte de la solicitud de medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
Cabe resaltar, que al igual que Lizarralde, María Claudia Rojas Lasso, exmagistrada del Consejo de Estado que también está en el grupo de querellantes, que se muestra preocupado porque se presenten situaciones de disturbios como lo en las protestas de Chile, Ecuador y Bolivia.