Sami Spath Storino, el amigo del exgobernador Alejandro Lyons, no se presentó a la audiencia prevista para la mañana de este viernes, pues considera que no estaban dadas las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida. Él advierte que lo quieren matar y que ha recibido amenazas.
Teniendo en cuenta esta situación, el juez aplazó el proceso para el róximo 9 de marzo, con el fin de adelantar un estudio de seguridad previo y de esa forma brindarle todas las garantías necesarias.
En la oportunidad le iban a imputar los delitos de concierto para delinquir, peculado y favorecimiento en concurso homogéneo y sucesivo, pero una carta suya fue suficiente para aplazar la audiencia.
En la misma, el abogado Darío Bazzani, indicó al juez que Spath estaba recibiendo una serie de amenazas, las cuales podrían provenir de las personas que están implicadas en los actos de corrupción que se han venido dando en la Gobernación de Córdoba.
“Temo por mi seguridad personal y familiar la cual se ha visto en riesgo por razón de la situación en la cual me encuentro expuesto”, expresó en la comunicación que entregó como excusa para no asistir a la audiencia.
El juez se mostró molesto con esta decisión, indicando que no debieron esperar hasta último momento para hacer ese tipo de denuncias y que no habrá una nueva dilación del proceso, pues espera que se realice, sin contratiempos, el próximo mes.
Segunda suspensión
Esta es la segunda vez que se suspende la audiencia del empresario ay amigo de Lyons. La primera vez fue el pasado 25 de enero y en esa oportunidad fue porque el abogado Bazzani se había ausentado de la ciudad.
En un escrito enviado al juez señaló que había adquirido compromisos con antelación y que por ello no podría asistir a su defendido en la fecha señalada.
Spath está vinculado a la presunta asociación de recursos del departamento de Córdoba que correspondían a regalías y a atención de los enfermos de hemofilia.
La Fiscalía tiene listos los documentos para sustentar la teoría en el sentido que Spath, entre los años 2012 y 2015, habría servido para entregar las coimas al exgobernador Alejandro Lyons y a varias personas que integraron el carrusel de la corrupción.