Fiscalía General de la Nación investiga la posible participación del congresista Fabio Amín, en un complot en el que participaron un exaspirante a la alcaldía de Palmito Sucre y hasta un sargento activo de la policía con el fin de conseguir la liquidación de la EPS Manexka y hasta asesinar al fundador de la entidad el médico indígena pedro Pestana.
El congresista cordobés Fabio Raúl Amín, quien estuvo en la Comisión Séptima de la Cámara de representantes por el Partido Liberal donde le siguen dos investigaciones previas por parte de la Corte Suprema de Justicia habría hecho acuerdos para la liquidación de la EPS.
El loriquero Fabio Raúl Amín Saleme quien perteneció durante 12 años a la casa López Cabrales se separó de ella para aspirar al Senado no sin antes darle una puñalada trapera a la baronesa Arleth Casado quien perdió su curul en las pasadas elecciones. De quien fue fórmula de Cámara en el 2010.
En 2014 vuelve a postular su nombre a Cámara con Casado como fórmula a Senado; ya para este 2018 se hizo elegir como senador pero estando divorciado de Mayorías Liberales.
Respecto al tema de manexka, sus directivas siempre denunciaron intereses políticos para conseguir el cierre e incluso advirtieron que «detrás de la liquidación de la EPS Manexca y de la posición de la Superintendencia de Salud en ese entonces a cargo de Norman Julio Muñoz Muñoz habían intereses personales y políticos tanto del Superintendente como del grupo politico Mayorías Liberales que dirige en Córdoba la ex senadora Arlet Casado de López», para la época Fabio Amín aún se mostraba como el aliado político de Casado de López.
En la liquidación de Manexka se dio una serie se situaciones únicas que dejan en entre dicho la posible participación del Congresista Amín Saleme.
«Digamos que la información que tienen las autoridades está orientada en ese sentido, que hay un interés directo del grupo político de la senadora en sacar del escenario de la prestación del servicio de salud a la EPS Manexka» aseveró el jurista.
Meses después tal intención parece haber fructificado porque fue la misma Corte Constitucional quien ordenó la semana pasada la liquidación de la EPS indígena al fallar una tutela, la Corte Constitucional avaló la decisión de la Superintendencia de Salud de liquidar a la EPS indígena de Córdoba, Manexka al evaluar una tutela del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre contra dos resoluciones de la Supersalud del año pasado en las que se ordenaba la liquidación de la EPS.
Con esas resoluciones, la Súper tomó posesión de los bienes y los créditos de Manexka.
Para el alto tribunal, la Supersalud no desconoció el derecho a una consulta previa de las comunidades indígenas Zenú al adelantarse la intervención forzosa.
El magistrado Alberto Rojas Ríos, aseguró que la Superintendencia mantiene las competencias para ordenar este tipo de liquidaciones.
En tal sentido La Corte aseguró que era razonable que la Supersalud hubiera ordenado el traslado previo de los pacientes indígenas de Manexka a otras empresas promotoras de salud ante la intervención forzosa de esa entidad, pese a que no se haya dialogado previamente con las comunidades indígenas.
En cualquier caso, se debe tramitar un diálogo posterior a esa remisión para que las comunidades decidan en qué EPS quieren estar.
El millonario complot
De acuerdo con el informe revelado por el noticiero del canal de televisión Caracol «un testigo protegido dice que un exaspirante a la Alcaldía de Palmito, Sucre, lo reclutó para mentir sobre supuestos malos manejos en esa entidad.
Se trata, según el testigo, de Fernando Barrios, sindicado de estar al servicio del Clan Úsuga.
De acuerdo con el medio, el testigo añade que hablaron de “darle de baja” al fundador de Manexka, el médico indígena Pedro Pestana, preso en un resguardo indígena por parapolítica.
Para llegar a él, cuenta, la fiscal 52 de Barranquilla, Ana Milena Palomino, ordenó un operativo contra un supuesto centro de operaciones de un grupo ilegal, que se hizo en abril de 2017 y del cual la guardia indígena dejó constancia.
El hombre clave en esa acción, de acuerdo con la información que tiene la Fiscalía, es el sargento activo de la Policía Jhony Sanjuan, que fue la persona a quien supuestamente le habrían dado dinero para organizar esta y otra operación realizada en noviembre de 2017, ordenada por la misma Fiscalía 52 para conseguir información de Manexka.
«El día 15 de noviembre de 2016 me llamó Jhony Sanjuan y me dijo que me tenía que ir para Barranquilla a la casa de la fiscal 52, Ana Milena Palomino, porque la gente ya estaba capturada y ella no sabía qué hacer con la información que había obtenido en el allanamiento y que iba a utilizar en la imputación», relata el testigo.
Una participación oculta que la misma fiscal parece reconocer en un audio enviado al testigo protegido:
“Empieza esa señora a decirme que ‘yo por qué hablé contigo, que yo por qué tengo contacto contigo, que tú por qué me ayudaste en el tema de la contabilidad para mirar los errores que tenía Manexka’”, se le escucha decir a quien sería la fiscal 52.
Por esa colaboración y por un testimonio aparentemente acomodado, precisa el testigo y varios documentos, Palomino se habría comprometido a borrar los antecedentes al hombre que habría iniciado todo, el excandidato a la Alcaldía de Palmito Fernando Barrios.
Según Noticias Caracol, el informador sostiene que la fiscal habría sido fundamental en este entramado hasta cuando le quitaron el proceso.
También se investigan audios donde se hablaría de los pagos hechos al sargento de la Policía, que también habría colaborado con la trama de corrupción.
Fiscalía también tiene la lupa sobre una posible participación del congresista Fabio Amín, con quien se habrían hecho acuerdos para la liquidación de la EPS.
El CTI también tiene copia de correos donde la fiscal le envía al médico Gabriel Pérez sus argumentos para pedirle a la superintendencia la liquidación. Razones que al parecer surtieron efecto porque hace una semana la Corte Constitucional ordenó esa medida.
Gabriel Pérez es candidato a liquidador de Manexka y habría participado en los supuestos pagos al sargento.