Ante la arremetida de críticas que se dieron en contra de la Fiscalía y de la Corte Suprema por la condena de cinco años y tres meses de prisión al exgobernador Alejandro Lyons y por devolver solo cuatro mil millones de pesos, el ente investigador explicó que eso es solo por un delito: concierto para delinquir.
Las críticas también se dieron por parte de la Procuraduría y la Contraloría, entidades que investigan desvío de recursos por valor cercano a los 66 mil millones de pesos.
Ante esa situación, la Fiscalía de inmediato sacó un comunicado en el cual señalan que el preacuerdo oportunamente aprobado por la Corte Suprema de Justicia,que permitió la condena penal del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, este únicamente comprendió el delito de concierto para delinquir agravado, por el cual Lyons fue
condenado a 5 años, 4 meses y un día de prisión, sin derecho a reclusión domiciliaria.
Señala además que ese preacuerdo fue avalado en su momento por la Procuraduría General de la Nación y que el objeto era discernir su responsabilidad personal en materia criminal en la asociación delictiva para defraudar el patrimonio público en materia de regalías (concierto para delinquir), y no la responsabilidad patrimonial por los daños al erario, que compete a los organismos de control fiscal.
Otros delitos
La Fiscalía aclaró de igual manera que el exmandatario de los cordobeses, quien hoy se encuentra en Estados Unidos, adicionalmente, ha sido imputado por la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Reiteró que la acción penal correspondiente se encuentra suspendida por decisión de la Fiscalía General de la Nación, con aprobación del Tribunal Superior de Bogotá y previo concepto favorable de la Procuraduría, a condición de que el exgobernador contribuya a la administración de justicia, a aclarar otros hechos.
En el listado incluyen declarar judicialmente para esclarecer los actos de corrupción contra la administración de justicia, a nivel de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, que incluye tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y el exdirector nacional de la Fiscalía, Gustavo Moreno, y contra un miembro del Congreso de la República que presuntamente intervino en actos de corrupción regional en el departamento de Córdoba.
También plantea declarar judicialmente contra los miembros de la administración departamental, de nivel directivo, involucrados en actos de corrupción en Córdoba, el cual incluye al actual gobernador Edwin Besaile, quien se encuentra suspendido por la Procuraduría, contra un secretario departamental y un abogado litigante.
También deberá devolver el dinero del que se adueñó en desarrollo de actos de corrupción en materia de regalías en el departamento de Córdoba. Este reintegro se refiere a la suma de cuatro mil millones de pesos, “suma que corresponde a la directamente apropiada por él, situación que deberá ser verificada para el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el aspirante”.
Lyons se comprometió además a aportar la información necesaria, que permite identificar el destino del dinero que terminó en manos de terceros.
Finalmente, la Fiscalía advirtió que en caso de que su colaboración para resarcir los daños causados no sea plena, la acción penal debe continuar por todos los delitos imputados y se podría suspender el principio de oportunidad.