Mauricio Nicolas Espinosa Espinosa, quien hasta el pasado 2 de octubre del 2015 se desempeñó como secretario del juzgado Civil del Circuito de Lorica es ahora paradójicamente una de las principales víctimas de la injusticia de Colombia.
El funcionario fue cobijado con medida de aseguramiento en la cárcel La Picota, de Bogotá, luego de ser investigado y relacionado como cómplice en el denominado carrusel de la educación, escándalo que se desarrolló en dicho Juzgado en el municipio de Lorica pero que directamente estaba a cargo de la juez Isabel Loreley Montes Oyola, hoy a la espera de un fallo condenatorio por dicho proceso, ya que se acogió a los cargos que le imputó la Fiscalía recientemente.
Sin embargo para la Fiscalía en la época «el funcionario Espinosa Espínosa era cómplice de las decisiones tomadas por la juez en el sentido de no ejercer control sobre las mismas.», acusación que lo mantuvo tras las rejas durante 16 meses , es decir un año y cuatro meses, tiempo en el que el ente acusador jamás pudo concretar las pruebas en su contra. Mientras tanto el secretario Espinosa siempre se declaró inocente en las audiencias de imputación de cargos y de acusación, señalando que sus funciones como secretario no le permitían ejercer control sobre su superior, la juez Isabel Loreley Montes, ni mucho menos tomar decisones sustanciales . Por el contrario se limitaba a obedecer las decisiones de su superior puesto que sobre ella recaía la responsabilidad jurídica y material de los bienes del Estado».
Advirtió además que cuando llegó a su cargo ya la juez Montes Oyola había ordenado el pago de por lo menos nueve procesos. Versión que fue ratificada por la Fiscalía.
«Yo nunca cometí ilícito alguno como lo hizo ver Fiscalía solamente me limité a cumplir órdenes y mis funciones establecidas en la constitución y el Código de Procedimiento Cívil. Posteriormente así lo verificó la Fiscalía en las diferentes audiencias realizadas». Anotó Espinosa Espinosa.
En tal sentido el 3 de febrero del año 2017 el Juzgado 35 Penal de Control de garantías de Bogotá recobró su libertad por vencimiento de términos junto Edwim de Jesús Salgado Guerrero, su antecesor en el cargo.
Y aunque el panorama jurídico es claro para muchos de los investigados en el proceso , como es el caso del abogado Alvaro Burgos del Toro, sindicado de ser el cerebro de dicho cartel que desfalcó al magisterio de Córdoba y que hoy se encuentra condenado a 17 años de prisión, Guillermo Rhenals Nova quien actuaba como abogado de la Fiduprevisora, quien también se allanó a los cargos y fue condenado a 14 años de prisión, y la juez Isabel Loreley Montes que está a la espera de una condena por ordenar los pagos de los procesos a través de títulos ejecutivos sin el previo visto bueno de la Fiduprevisora. Pero para el secretario recobrar su libertad se ha convertido en su mayor viacrucis porque para él la justicia hasta ahora no ha respetado sus derechos como la presunción de inocencia, y el derecho a ser reintegrado al cargo que ocupaba a la fecha de su captura
«El 9 de febrero del año pasado luego de recobrar mi libertad me presenté a juzgado de Lorica , solicitando mi reintegro laboral, pero el juez Martin Alonso Montiel Salgado me dijo que no me reintegraba al cargo porque la medida de aseguramiento no había desaparecido, no había sido revocada. por lo que presenté un derecho de petición a la Fiscalía solicitando me informara si a la fecha yo tenía medida de aseguramiento vigente, y me contestaron que no, nuevamente con esa prueba solicité por segunda vez mi reintegro al juez Montiel Salgado y me dijo que no me rentegraba porque la medida no había desaparecido a pesar que la Fiscalía manifestó lo contrario». Apuntó el secretario suspendido del cargo.
Ante la situación el pasado 30 de noviembre del 2017, el juzgado 71 penal de control de Garantías de Bogotá a petición del abogado de la defensa revocó la medida de aseguramiento en contra de Mauricio Espinosa y Edwim de Jesús Salgado Guerrero.
Hoy 6 de junio de 2018 , es decir 8 meses después curiosamente su colega Edwim de Jesús Salgado Guerrero. fue reintegrado a su cargo como secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo, mientras que él sigue a la espera que se le reconozcan y respeten sus derechos, ahora acogiéndose al derecho a la Igualdad e insistiendo en la presunción de inocencia.
«Para el juez de Lorica Martin Alonso Montiel Salgado mi reintegro no procede porque muy a pesar de haber sido revocada la medida de aseguramiento que me mantenía suspendido en el cargo, el proceso penal no ha culminado y eventualmente podría obstruir la investigación u ocultar pruebas, pero a la luz de la constitución política, la ley colombiana y la jurisprudencia estos argumentos es un exabrupto jurídico porque el juez no puede anteponer su razonamientos propios y desconocer los mandatos jurídicos o la literalidad de las normas, así como tampoco los derechos de los cuales soy acreedor, máxime cuando estoy nombrado en propiedad. Esta postura del juez afecta el deber funcional sin justificación alguna». Puntualizó.
El caso fue denunciado por el afectado ante la Fiscalía, Consejo Seccional de Judicatura-sala disciplinaria, Defensoría del Pueblo y ante Jurisdicción de lo contencioso Administrativo.