El suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, había sido advertido desde julio de 2017 sobre la posible existencia de irregularidades en el manejo de los recursos de la estampilla pro ancianato de Córdoba.
Pese a que la actual mandataria encargada, Sandra Devia, advierte que los organismos de control serán los encargados de investigar los hechos que ella desconoce, y a la afirmación hecha por la Secretaría de la Mujer en el sentido que todo está en regla y que fueron pequeñas equivocaciones de forma y no de fondo, la realidad es que la veeduría Córdoba Posible había hecho una relación detallada de los casos y los había puesto en conocimiento de Besaile Fayad.
Relación de irregularidades
En la carta enviada al mandatario, en la cual le solicitan que suspenda los convenios con esos recursos, la veeduría hace una detallada relación de los hallazgos, luego de varios meses de investigación.
Empieza señalando que para la época la supervisión de los convenios interadministrativos había sido deficiente, inoperante e ineficaz porque pese a que en la cláusula tercera de los convenios se estableció que la supervisión de la ejecución de los recursos, la realizaría la Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo Social, ésta ha omitido, ha sido deficiente, inoperante e ineficaz, pues a la fecha no se conocían las contrataciones de los Municipios de Los Córdobas y San José de Uré, a los que la Gobernación desembolsó 530 millones y 140 millones, respectivamente, para apoyar los Centros Vida.
También denunciaron una escasa inversión municipal frente a la complementariedad del Departamento en los programas de protección y atención al adulto mayor.
«La inversión de algunos municipios no está acorde con la financiación departamental, en algunos casos, la de aquellos no supera el 5% del valor total del proyecto, en deterioro de la cobertura, la continuidad de los programas y la calidad de los servicios», señala la advertencia que le hacen al mandatario.
Con la misma gota
Otro de los hechos de los que fue alertado el mandatario seccional fue la concentración contractual en la ejecución de los recursos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.
«Llama la atención de esta Veeduría que seis de los ocho municipios, a saber: Ciénaga de Oro, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Valencia y San José de Uré, con los que la Gobernación suscribió los convenios, contrataron con la Fundación Gotitas de Prosperidad, quien fuera referenciada por la Auditoría General de la Nación, como la ESAL con mayor contratación directa estatal en el Departamento de Córdoba en Septiembre de 2016, gracias a la ejecución de los recursos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor».
Al respecto la Secretaria de Mujer y Género, Sandra Gómez Urbina, indicó que la Gobernación e Córdoba no contrata directamente con la Fundación señalada, sino que lo hace cada una de las Alcaldías con las cuales firman convenio, pero que seguramente se basan en la idoneidad de la misma para la ejecución de los convenios.
Lo anterior se cae de su propio peso, si se tiene en cuenta que la dirección que reporta dicha fundación ante la Cámara de Comercio coincide con la de la venta de peces y de minutos a celular.
La veeduría también custionó las deficiencias en la ejecución de la contratación municipal que no han sido reportadas por la Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo Social como supervisora de los Convenios Interadministrativos como sobrecostos en las actividades de atención del adulto mayor, irregularidades en los procesos contractuales, no hay continuidad en los programas de atención y protección integral del
adulto mayor. En algunos municipios el plazo de los contratos sólo supera los tres meses y en el listado de los beneficiarios hay serias y graves inconsistencias.
Sin licencia sanitaria
Otra de las anomalías tiene que ver con la licencia de funcionamiento y sanitaria de la que carecen un centro de bienestar, avalada por Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo Social para recibir recursos de la Gobernación, lo que podría configurar una presunta falsedad de documento y detrimento patrimonial para el Departamento y el Municipio de Planeta Rica.
«El caso más aberrante es que la Gobernación a través de su Secretaría avaló un Centro de Bienestar municipal, que no existe, y certificó, además, que allí se atendían y se alojaban 64 adultos mayores, situación que no corresponde a la realidad, razón por la que el Departamento desembolsó la suma de 370 millones para el apoyo de este programa y que obviamente no cuenta con la licencia de funcionamiento ni sanitaria, tal como lo expresó el Secretario Local de Salud de Planeta Rica. De no ser por la intervención de esta Veeduría, el contrato No. 082 no hubiera disminuido en su valor, y aun así, los perjuicios están por concretarse», advierten.
También se refiere a lo que expresó la Contraloría General del Departamento de Córdoba en su informe frente a la solicitud hecha justamente por la veeduría de una auditoría exprés del contrato 082/2016 suscrito entre el Municipio de Planeta Rica y la Fundación Gotitas de Prosperidad. «Es fundamental anotar que la Fundación Gotitas de Prosperidad no ejerce la actividad económica codificada con el 8730: Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas, es decir, que el Municipio de Planeta Rica suscribió un convenio de asociación, cooperación y aportes con una Fundación que no ejerce una actividad contemplada en su objeto contractual», reiteran, aduciendo que esta clase comprende la provisión de alojamiento y servicios de cuidados para personas mayores y/o discapacitadas, que no están en condiciones de atenderse por sí mismas y que no desean vivir de manera independiente. El cuidado incluye habitación, comida, supervisión y asistencia en actividades cotidianas, tales como servicios de cuidado personal, mantenimiento y limpieza.
Falsedad en actas
Ha generado múltiples comentarios el hecho que la Secretaria de Mujer, Sandra Gómez, haya firmado dos actas a la misma hora en dos municipios diferentes y esa inconsistencia también fue puesta en conocimiento del gobernador Besaile desde el año anterior.
«La Secretaria de la Mujer, Género y Desarrollo Social, Sandra Gómez Urbina, visitó Centros Vida y se reunió con dos Alcaldes, el mismo día y hora, en municipios distantes 110 km el uno del otro, según lo expresado por las Actas diligenciadas en ésa misma Secretaría», denunciaron.
Ante eso, la funcionaria explicó que efectivamente sí hay dos actas con la misma fecha, pero señaló que ello se debió a una equivocación porque el día que se hizo la reunión en el municipio d Valencia se fue la luz y a ella le mandaron el acta para que la firmara, pero tenía un error en la fecha, el cual ya fue corregido.
También se refieren a la falsedad en el listado de beneficiarios de los proyectos municipales que, supuestamente, fueron revisados por la Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo Social, aduciendo que presentan graves inconsistencias porque hay adultos mayores fallecidos que firmaron o plasmaron sus huellas dactilares en las planillas de servicios prestados por los contratistas, adultos mayores que no se encuentran en las bases del Sisbén del respectivo Municipio o del departamento de Córdoba, nombres que no coinciden con los números de identificación, nombres y números de cédula que no se encuentran en la base de datos de la Registraduría, ni en la del Sisbén, es decir, ésos números de identificación no existen.
Finalmente, advirtieron que los departamentos no pueden transferir directamente los recaudos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor a los Centros de Bienestar porque estarían infringiendo lo preceptuado en la ley y pese a ello en 2016, la Gobernación desembolsó cerca de 110 millones al Hogar Nuestra señora de Lourdes de Planeta Rica, entidad sin ánimo de lucro privada, que funciona como Centro de Bienestar.