A partir de la fecha las revisiones técnico-mecánicas están suspendidas en todo el territorio nacional y hasta nueva orden luego que el Consejo de Estado aceptara la demanda interpuesta por el abogado monteriano David Antonio Gavalo Estrella.
El jurista presentó la demanda ante la Sección Primera del Consejo de Estado, para que la revisión técnico-mecánica para carros particulares sea realizada cada dos años, como estaba contemplado anteriormente y no cada año como ocurre en la actualidad.
De acuerdo con el abogado, el Ministerio de Transporte violó la Ley 769 de 2002, al establecer la revisión anual en los vehículos cuando la norma establece que en los vehículos de servicio público esta deberá practicarseles cada dos años y a los particulares cada año. Indica además que, tampoco era competencia de dicho ministerio remplazar o modificar la norma, toda vez que quien tiene potestad para modificar las leyes en el territorio nacional es el Congreso de la República.
«La función específica de determinar a través de resoluciones o mecanismos administrativos para someter la revisión técnico-mecánica y de gases anual para todos los vehículos automotores, tanto para servicio público y privado, que es el objeto y la esencia de la resolución demandada».
Según jurista la norma actualmente perjudica el bolsillo de los ciudadanos y favorece a los propietarios de los Centros encargados de expedir el certificado correspondiente.
«El sector de la población se encuentra en una situación de desventaja y marginación, poniéndole trabas y colocándole plazos perentorios con los que se niega el derecho a tener su técnico-mecánica, como por ejemplo, si el vehículo pasa el examen le entregan su certificado y si no lo pasa por cualquier circunstancia, se lo niegan y si es rechazado tiene que pagar nuevamente y cuantas veces sea necesario hasta que se corrija supuestamente los defectos, convirtiendo a las empresas CDA (Centros de Diagnóstico Automotor) en un enriquecimiento sin causa». Puntualizó.
Ahora la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá en el término de un mes resolver la situación según el plazo que le concedió Sala de lo Contencioso Administrativo, tras la aceptación de dicha demanda.
Es de anotar que el señalado plazo se venció el pasado primero de noviembre, pero aún no ha respondido.
