Este viernes los integrantes del Partido Conservador, anunció que sumarán sus votos a la candidatura de Carlos Felipe Córdoba para que sea el sucesor de Edgardo Maya en la Contraloría. Cabe indicar que los azules en principio manifestaron que su respaldo era para Wilson Ruiz, exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y quien obtuvo el puntaje más alto en los resultados de la ponderación de experiencia.
Tras la decisión de las huestes conservadoras, parece que todos los caminos conducen a que Córdoba, exvicecontralor y exauditor general, sea el nuevo Contralor de la República, pues no solo ha recibido el respaldo de bancadas con fuerte influencia en el Legislativo, como la de Cambio Radical, La U y el Partido Liberal, sino que también es cercano a miembros del uribismo.
El Partido Conservador señaló en un comunicado que “tras reflexiones internas y consultas lideradas por el expresidente Andrés Pastrana, el Partido Conservador ha decidido dar su apoyo a Carlos Felipe Córdoba en su aspiración a ser contralor general de la República”.
Mientras que el jefe del partido, Hernán Andrade, manifestó que “consideramos que Carlos Felipe Córdoba no va a utilizar políticamente su cargo, ni para favorecer al Gobierno, ni para perseguirlo sin justificación: eso da tranquilidad y garantías. Necesitamos un contralor dedicado a cuidar los recursos y a luchar contra la corrupción. Córdoba es además un joven profesional de provincia, y eso enriquece la alta dirección de los organismos de control”.
Ahora, Carlos Felipe Córdoba además de contar con los respaldos oficiales que ahora tiene, también es bien visto dentro del uribismo, aunque este apoye oficialmente a José Félix Lafaurie, y, además, dentro de la oposición al Gobierno, por lo que su elección el próximo lunes 22 de agosto parece inminente.
Sin embargo, le falta el guiño presidencial, que es determinante en esta votación, pero, el presidente Iván Duque ha manifestado en diversas ocasiones que no intervendrá en la decisión del Congreso, no solo para proteger la autonomía de la institución, sino porque, según asegura, no quiere tener “un contralor de bolsillo”.