En la vereda Santa Rosa, perteneciente al corregimiento Juan José en el municipio de Puerto Libertador, hace cerca de una semana se estarían registrando enfrentamientos entre unidades del Clan del Golfo y una disidencia de las Farc, curiosamente aunque los campesinos de la zona han expresado su voz de alerta a las autoridades, hasta el momento guardan silencio, pues no se conoce un reporte oficial al respecto.
La situación mantiene prácticamente cautiva a toda la población pues no les permiten entrar o salir de la zona.
Por su parte la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, a través de su página oficial de Facebook responsabilizó el pasado 20 de octubre al Estado colombiano ante la falta de garantías para el cumplimiento de los derechos humanos en dicha zona y el su radio de acción que comprende otros tres municipios.
En la oportunidad a través de un mensaje de alerta la Asociación Ascsuco de fecha 16 de octubre publicó textualmente.
Hechos:
- «En el día de hoy, desde las seis (6) de la mañana hemos tenido conocimiento en límites de la Santa Rosa (jurisdicción del corregimiento Juan José) se presentan enfrentamientos de grupos armados irregulares; a esta hora (8:30 pm) nos informan que dicho enfrentamiento al momento ha dejado un saldo de tres heridos y tres muertos».
- «Los grupos en disputa al momento de la emisión de esta ACCIÓN URGENTE tienen confinadas a la población de la vereda Santa Rosa y pobladores circunvecinos, entre ellas gran parte de la vereda Rio Sucio; no les permiten salir ni entrar, coartando la libertad de movilidad y locomoción. Esta acción violatoria del DIH y que vulnera flagrantemente los Derechos Humanos y ejercicios autonómicos de la comunidad podrían generar desplazamientos masivos y deja a las comunidades en medio de la confrontación armada, siendo usada como escudos humanos».
- En días anteriores en el mismo corregimiento se presentó una acción sicarial que decantó con el intento de asesinato de dos personas que por fortuna no perdieron la vida.
La explosión de dos personas en hechos confusos presuntamente por minas antipersonales y que por fortuna tampoco perecieron. Estas acciones lesivas de la paz territorial, que desde luego generan zozobra comunitaria y degradan el goce efectivo de los derechos humanos así como la libertad y el orden en este corregimiento; nos llevan a requerir:
- Al ministro de Defensa Nacional, ordenar y requerir las medidas necesarias y pertinentes que deban asumirse para contrarrestar la situación de inminente riesgo para las comunidades que integran el corregimiento Juan José y en general de los integrantes de ASCSUCOR. Toda vez que estos actos hostiles y beligerantes pueden generar desplazamientos y/o amenazan la vida e integridad de los pobladores/as.
- Al ministro del Interior y de Justicia, solicitar y exhortar a los organismos de gobierno nacional, departamental y del municipio en correlación narrativa, con el fin de asegurar las libertades, soberanía del país, derechos constitucionales y sobre todo garantizar la vida, integridad, honra, paz, seguridad, integralidad física y respeto pleno de los derechos de la ciudadanía señalada; así como exhortar la puesta en marcha medidas que contrarresten el accionar delincuencial, incremento y recrudecimiento de la presencia de los actores armados ilegales que hacen presencia en el territorio.
Solicitamos:
- Al Defensor del Pueblo Nacional, al Coordinador Residente y Humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, al Procurador disciplinario delegado para los Derechos Humanos, al Fiscal General de la Nación, a la Consejera Presidencial de DD.HH y DIH:
Instar de manera urgente a quienes competa implementar las medidas necesarias a fin de preservar las libertades y el orden, la justicia y soberanía Colombiana que se han desvirtuado en la consecución de derechos de los ciudadanos y ciudadana en el marco de las declaraciones de los derechos humanos, los derechos de los pueblos, afianzado en la constitución política colombiana y demás actos de ley, protocolos y tratados internacionales.
2. A la comunidad Nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el acompañamiento y apoyo ante esta vulneración de los derechos humanos fundamentales que concurrieron en la relatoría de estos hechos y a difundir públicamente.
RESPONSABILIZAMOS POR LO QUE PUEDA PASAR
Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez: Recordando que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.