El Superintendencia Nacional de Salud, impugnará el fallo de tutela proferido a favor de la EPS indígena Manexca en el que se ordena suspender los efectos de la resolución de liquidación de la misma, la cual se produjo el pasado 27 de marzo.
Como se sabe la Juez María Bernarda Martínez Cruz, del Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería profirió dicho fallo ante la tutela interpuesta por el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, en cabeza del Cacique Eder Eduardo Espitia, el pasado mes de abril y por el apoderado del cabildo indígena Jhon Carlos Pino Franco el pasado mes de abril .
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Por su parte el superintendente nacional de salud, Norman Julio Muñoz indicó que: “Estamos ante un particular fallo, son tutelas con las que buscan reversar decisiones administrativas. Lo vivimos con Solsalud, Emdisalud, Salud Andina en donde se utiliza la tutela para revocar las decisiones que la Superintendencia de Salud tiene que tomar”.
Agregó el funcionario que “En este caso específico, llama la atención que se hayan desconocido los graves hallazgos encontrados por la Fiscalía que dan cuenta de la captura de más de 7 funcionarios de esa EPS, y los contenidos en la auditoría forense realizada por la Supersalud los cuales están relacionados en su mayoría, con la administración inadecuada de recursos y la desatención en salud de la población”.
agregó el Superintendente que la entidad adelantará todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud de los más de 210 mil afiliados que pertenecían a la EPS Manexka y proteger los recursos del sistema de salud. La Supersalud además solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en el proceso de impugnación del fallo.
No obstante los miles de usuarios coinciden en afirmar que la Supersalud antes de intervenir la entidad debió garantizar el derecho a sus salud. Advierten que como consecuencia de la medida al menos 13 personas han fallecido por la liquidación.
Tal versión fue confirmada por el gerente de la EPS indígena Saúl Lucas Lucas.“Por lo menos se nos murieron dos niños en la zona de Tierralta, Alto Sinú, Embera Katios, aquí en San Andrés también han fallecido, en Momil y en Chimá”.
La comunidad indígena asegura que los niños son los más afectados, en especial los que sufren de enfermedades terminales y que requieren de medicamentos esenciales para mantenerlos con vida, incluso, hay algunos que están aún a la espera de atención médica.
Así las cosas, se espera que en los próximos días se dé a conocer cuál será el destino de los 210 mil usuarios desamparados tras la liquidación de la entidad indígena.