Fiscal mencionado en posible soborno a Besaile estaba ayer en Montería

Fiscal mencionado en posible soborno a Besaile estaba ayer en Montería

El fiscal 78 de Anticorrupción, Daniel Díaz, estuvo este viernes haciendo unas diligencias en Montería, según confirmó su superior el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tras conocer una información en la que su nombre estaría implicado en una de las grabaciones que tiene en su poder el exgobernador Alejandro Lyons y que estaría dispuesto a entregar al gobierno de Estados Unidos.

Martínez Neira señaló que no tiene conocimiento que haya sido citado a interrogatorios o a alguna diligencia, pero que en los actuales momentos no ha sido requerido.

Lo anterior lo señaló ante la versión que circuló a través de la W radio en el sentido que habría recibido la suma de 300 millones de pesos por parte del actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, para que no le abriera investigación formal por haber pagado una cuenta de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana por medicamentos entregados a pacientes inexistentes, con hemofilia.

«Tengan la seguridad que en la Fiscalía el que la hace, la paga», indicó el fiscal, aduciendo que está revisando las actuaciones de cada uno de los funcionarios que adelantan investigaciones por corrupción en Córdoba y en todo el país.

Díaz está vinculado a la Fiscalía desde el año 2010 y hace dos años ingresó a la Dirección Anticorrupción, es decir que no llegó al cargo por decisión de Moreno.

Aún no tiene la grabación

El Fiscal confirmó además que en su poder no tiene una grabación en la que figuren hablando el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla refiriéndose al funcionario Díaz. Sin embargo, dijo que había recibido por parte de los Estados Unidos una notificación formal en el sentido que le entregarían varias grabaciones y videos para esclarecer algunos temas de corrupción en los que estaría involucrado el exgobernador Lyons.

Esa situación se conjuga con la conocida en los últimos días en el sentido de que Lyons habría grabado en los últimos tres años a sus socios políticos, jueces, magistrados, fiscales, asesores y amigos pidiendo sobornos o planeando actos de corrupción.

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