El recién destituido director de Fiscalía Anticorrupción, Gustavo Moreno, tenía dentro de su maletín particular un cartapacio de papeles relacionados con las presuntas irregularidades en la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora de Montería, hecho por el que fueron detenidos el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, y el consejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa.
Los documentos estaban en un maletín azul que el funcionario dejó olvidado dentro de la camioneta que utilizaba para su movilización y ahora su contenido es motivo de análisis por parte de las autoridades.
Se trata de establecer si Moreno planeaba mover sus hilos de poder para beneficiar a los implicados en el proceso, pues también tenía documentos confidenciales sobre audiencias de imputación y medida de aseguramiento del excontratista Andrés Cardona, capturado en febrero pasado y señalado como uno de los hombres que repartió millonarios sobornos en 2009 con el fin de asegurar un contrato por 243 mil millones para la construcción del túnel Tunjuelo – Canoas, la megaobra inconclusa que se ganaron las firmas Odebrecht y el grupo Solarte.
Como se recordará el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con quien el exfiscal había hecho una serie de negociaciones a cambio de un millón de dólares, dijo que entregaría documentos relacionados con el caso.
Los acuerdos con Lyons
En ese mismo maletín, que se convirtió en un arsenal de información para la Fiscalía, hay otros documentos que podrán servir para esclarecer los acuerdos que había hecho con el exgobernador Alejandro Lyons, a quien estaba sobornando con el fin de ‘ayudarle’ a salir bien librado de las imputaciones que se le adelantaban en Córdoba.
En algunos chats que analizan las autoridades se se ha podido establecer que Moreno planeaba, a través de su unidad anticorrupción, tramitar un acuerdo con el contratista Jesús Eugenio Henao, sindicado de ser el autor intelectual del crimen del director de Regalías, Jairo Zapa, y con Joice Rafael Hernández Muñoz, confeso asesino, para que enlodaran a Lyons y de esa forma ganar beneficios judiciales.
Aunque parezca un contrasentido, la idea era llevar a Lyons a juicio ante el Tribunal Superior de Bogotá por los 20 delitos que le imputan y luego a través del abogado Leonardo Pinilla, impugnarían la credibilidad de los dos detenidos bajo el calificativo de falsos testigos.
Allí no llegaba todo. Las comunicaciones de Moreno han permitido a las autoridades inferir que dentro de los acuerdos también se incluía el desprestigio a los fiscales que investigaban casos de corrupción en Córdoba y prueba de ellos sería la decisión de apartar de uno de los procesos a la fiscal Martha Sepúlveda, señalándola falsamente de filtrar información que permitió la fuga de varios investigados por el cartel de la hemofilia.