Por Orlando Benítez Mora.
Históricamente en nuestro país, el término “corrupción” ha sido utilizado para significar conductas erradas cometidas por personas relacionadas con el sector público, no obstante el mal de la corrupción no es exclusivo a las regiones, y tampoco se limita a este sector. Indiscutiblemente hay fallas en el centro y también en el sector privado, las cuales en general tienen que ser revisadas, castigadas y corregidas con urgencia.
Hablar de corrupción está de moda, por los escándalos de siempre y los más recientes, que involucran a individuos de diversos territorios y sectores: Odebrecth, Dragacol, Reficar, cartel de la hemofilia, cartel de Educación, cartel de los down, carrusel de contratos en Bogotá, Saludcoop, Cafesalud, elefantes blancos entre otros.
Según el contralor General Edgardo Maya, la corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos por año, solo como referencia, el presupuesto de Córdoba para 2017 es 843 mil millones de pesos (aproximadamente sin Regalías). En otras palabras, la corrupción le cuesta al país en un año el equivalente al presupuesto en Córdoba de 60 años a cifras de hoy. Cincuenta billones de pesos en inversión generarían un impacto social enorme. ¿Cuántas casas se podrían construir? ¿Cuántos empleos directos se podrían generar? ¿Cuántas escuelas se podrían intervenir? ¿Cuántos puestos de salud se crearían y repotenciarían? ¿Cuántas vías mejorarían? Sectores rezagados como el deporte, la cultura, los discapacitados, las minorías étnicas, la investigación y otras áreas más, podrían encontrar aquí una fuente de financiación importante.
La corrupción es una de las variables que genera pobreza, pues restringe la asignación eficiente de los recursos, escasos en cantidad ante la abundancia de necesidades por satisfacer. La pobreza a su vez puede engendrar violencia, por la falta de oportunidades y garantías de bienestar que desvían la racionalidad del ser humano y lo podría motivar a asumir conductas muchas veces censurables por su carácter de ilegalidad.
Que la impunidad en casos de corrupción al final muchas veces reine, es un muy mal mensaje. Lo paradójico de la corrupción como mal, es que aunque hablar de ella esté de moda, y el pueblo identifique casos de corrupción en el territorio, generalmente la gente no denuncia ante las instituciones: por miedo, por falta de confianza, porque espera que otro denuncie u otra causa. Tristemente los recursos de todos por lo general le duelen a nadie, ¿será por eso que dicen que los mejores negocios del sector privado, los realizan con el sector público?
En tiempo reciente algunos han querido vender la idea que los administradores del sector privado cuando participan en las decisiones públicas son sinónimo de transparencia. Hoy los escándalos que involucran por igual a los dos sectores demuestra que esa afirmación no es una regla general. Aunque existen notables ejemplos positivos como excepción, no se puede olvidar que la razón de ser de la empresa privada es generar ganancia y riqueza para sus dueños, distinto al real objetivo –aunque hoy por algunos desviado- del sector público que debe buscar el desarrollo social. En el sector privado es normal hablar de comisiones dentro de los negocios, ¿será que la participación de las empresas y gerentes en la política importó esas prácticas desde sector privado hasta el público?
Probablemente la falta de confianza en el mismo sistema ha desmotivado al soberano en el ejercicio de su deber ciudadano de proteger lo público, y por el contrario, ha invitado a buscar la oportunidad para reclamar su parte, “coronar” un negocio no siempre dentro del rigor de la ley. Hoy Los casos de corrupción, se destapan por “brincos” entre los otrora “socios” más que por la eficiencia de las instituciones al investigar.
Para luchar contra la corrupción, necesariamente hay que articular el rol adecuado de cada actor. El control social debe ir de la mano con el control político, el buen ciudadano tiene que coexistir con el Estado eficiente y garante. Las instituciones deben recuperar la imparcialidad, transparencia y confianza.
El que más gasta en campaña, menos hará cuando gobierna y más expuesto a la corrupción estará, pues debe recuperar su inversión. El que vende el voto y se cotiza a la alza, menos derecho tiene de reclamar, pues desde ese momento lleva implícito el rótulo de la corrupción y gesta el círculo vicioso.
Son las elecciones un camino expedito para que la voz del pueblo se manifieste cuando el voto es libre. Quien no vota, no es coherente cuando critica, pues calló cuando debió pronunciarse. La democracia permite participar, y si no se está de acuerdo con los candidatos sobre la arena y las propuestas presentadas, es momento de salir al ruedo, plantear alternativas y cambiar de moda.
Reflexión 1: Importante decir que una empresa privada no nombra de gerente a alguien sin experiencia en ese campo de interés, pero en el sector público muchas veces el pueblo elige personas con desconocimiento del mismo y sin experiencia.
Reflexión 2: El poder del dinero parece prevalecer sobre el poder de las ideas, ¿hasta cuándo?
http://www.semana.com/nacion/articulo/sectores-mas-afectados-por-la-corrupcion-en-colombia/513544
A través de la ordenanza 23 de 2016 se aprobó el presupuesto del departamento de Córdoba 2017, del total de 843 mil millones de pesos. La inversión asignada en algunos sectores es la siguiente: Educación 597 mil millones de pesos, Salud 70 mil millones de pesos, Agua Potable y Saneamiento Básico 2308 millones de pesos, Cultura 2438 millones de pesos y sector agropecuario 957 millones de pesos, entre otros.