Después de dos meses de haberse proferido el fallo definitivo por parte del Tribunal Superior de Córdoba que le ordena a la Superintendencia de Salud, a cargo de Norman Julio Muñoz Muñoz. «volver las cosas al estado anterior a la toma de posesión, haberes y negocios que se efectuó en la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre», es decir devolver a dicha Asociación el manejo de Manexka, este sin ninguna explicación ha incumplido dicho fallo.
Como se recordará la Supersalud intervino la EPS-I en el mes de mayo de 2017, tras un proceso jurídico el pasado 18 de junio el Tribunal falló a favor de los indígenas que argumentaron la vulneración de los derechos de a la vida, a la salud, a la consulta previa entre otros de sus 210 mil afiliados que literalmente quedaron en el limbo con la intervención. Sin embargo el superintendente Norman Julio Muñoz Muñoz, sin excusa justa se ha negado a acatar el fallo. La protesta indígena en la capital de la República completa 45 días frente a las instalaciones de la Supersalud.
La semana anterior el abogado del cabildo Mayor del pueblo Zenú intervino en la comisión séptima del senado en la que directamente le exigió al superintendente el cumplimiento del fallo.
Hoy por lo menos 120 indígenas representantes de las comunidades Zenú y Embera protestan en la Avenida Cudad de Cali en Bogotá, esta vez exigiendo la presencia del presidente de la República y de los ministros de salud y del interior para obtener el cumplimiento del señalado fallo.
«Mientras ese señor Superintendente se pasa por la faja una decisión judicial sigue vulnerando los derechos de nuestras comunidades y de nuestros afiliados, son 13 los muertos que ha dejado la intervención de Manexka y el incumplimiento injustificado del fallo. Norman Julio Muñoz Muñoz como superintendente está haciendo lo contrario a sus funciones en las que prevalece la garantía y los derechos a la vida y la salud de los colombianos» dijo el gerente de la EPS Saúl Lucas.
La liquidación de la EPS trascendió luego de conocerse la injerencia y participación de la Senadora Arlet casado y del grupo Mayorías Liberales en la decisión del Superintendente y se convirtió en una verdadera batalla jurídica para los representantes de la EPS pertenecientes al grupo político de la senadora Yamina Pestana.