La Policía Nacional de los colombianos fue condenada por el Consejo de Estado por la muerte de un hombre que se encontraba trabajando en un octavo piso de un edificio, luego de recibir un impacto de bala disparada por agentes de policía que perseguían a unos delincuentes que minutos antes habían perpetrado un hurto.
Aunque los hechos ocurrieron el 30 de septiembre del 2002, en pleno centro de la ciudad de Medellín, solo hasta este año fue notificada la sentencia después que la esposa y los hijos de la víctima instauraran una demanda contra la Policía Nacional con el fin de demostrar su responsabilidad en los hechos y reparar la víctima mortal.
Según la investigación, “los autores de la muerte de Adolfo Cardona Pérez fueron los agentes de la policía que accionaron irresponsablemente sus armas de dotación oficial. La Policía Nacional, a su vez, alego a través de todo el proceso que habían sido los delincuentes los responsables, pero se demostró con las pruebas aportadas por la defensa que la muerte de Adolfo Cardona fue causada con un arma de dotación de propiedad de la Policía Nacional”.
Siendo así, el Consejo de Estado en sentencia definitiva de segunda instancia y después de 15 años de iniciarse el proceso, se logró determinar que, “en cuanto a la participación de la Policía Nacional en los hechos, es razonable concluir que, contrario a lo expresado por la entidad demandada en el recurso de apelación, se encuentra acreditado que el fallecimiento de la víctima ocurrió como consecuencia del impacto de un proyectil de arma de fuego de dotación oficial”.
“Ciertamente, el informe de balística, el acta de minuta de vigilancia y las propias declaraciones de los agentes de policía implicados permiten concluir que el proyectil que impacto al señor Adolfo Cardona provino del revolver de marca Smith & Wesson calibre 38 de dotación oficial identificado con el numero ABE7796 que fue asignado al agente Preciado Córdoba el día en que ocurrieron los hechos que sirven de sustento a la demanda”.
“Lo anterior se traduce en que; la entidad demandada falto a la verdad al sostener que el calibre y la clase de arma presuntamente empleada era diferente a la que utilizaban los agentes al momento de los hechos, habida cuenta de que el material probatorio obrante en el expediente resulta unívoco al determinar que, en efecto, el disparo que produjo el fallecimiento de la víctima emano de un arma de dotación oficial, manipulada por un integrante de la institución oficial en servicio activo”.
Así las cosas, ahora la Policía Nacional tendrá que indemnizar a la familia, quienes han esperado por 15 años que se hiciera justicia.