En una de las operaciones de extinción de dominio más grandes realizadas en Colombia, la Fiscalía General de la Nación le incautó al Clan del Golfo 400 mil millones de pesos en bienes, entre ellos fincas, casas de campo, empresas y haciendas con miles de cabezas de ganado.
La operación que se llevó a cabo en Urabá, entre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, dio con la intervención de 98 inmuebles entre fincas, apartamentos, parqueaderos, lotes, lujosas casas de campo, 28 vehículos muchos de ellos buses de servicio público, motocicletas, cuatrimotos, empresas transportadoras, 14 establecimientos de comercio, cuatro sociedades y una gigantesca hacienda de cría y venta de semovientes mejorados genéticamente con más de 3.283 reses y caballos.
En este operativo encontraron bienes a nombre de testaferros como Ramiro Cano Pineda, alias ‘Nolasco’, cabecilla de dicha organización, que inicialmente estaban avaluados en 100 mil millones de pesos, pero gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscalía se pudo establecer que el valor de dichos bienes ascendía a 400 mil millones de pesos, es decir triplicaba dicho avalúo.
Entre los bienes se destaca una extravagante hacienda, La Agropecuaria Bonga La Grande, en Necoclí (Antioquia), donde se dedicaban a realizar procesos científicos a reses y caballos que participaban en las ferias nacionales del país y siempre se destacaban por ocupar los primeros lugares.
Según las pesquisas la hacienda pertenece a una sociedad entre Nolasco y Alcides Ríos Mazo, quien fue capturado en 1997 en Panamá, por ingresar estupefacientes a Estados Unidos y luego enviado a Colombia donde terminó la condena en el año 2004.
Otro descubrimiento importante son las empresas de taxis y buses en poder del grupo insurgente que transitaban por Urabá y los municipios de Antioquia, sirviendo como fachada para poder legalizar los dineros obtenidos por los cabecillas del Clan del Golfo,entre ellos Otoniel, a través del envío de toneladas de cocaína al exterior.
Alias Nolasco quien se entregó a la DEA en el 2015 y fue condenado a 25 años de cárcel por tráfico de drogas, es uno de los más solicitados en extradición por las cortes en Brooklyn, Nueva York y Miami, tras el descubrimiento de los testaferros entre los que estaban compañeras sentimentales y familiares que tenían en su poder las propiedades producto del narcotráfico.