El pago de más de mil 200 millones de pesos por parte de la Alcaldía de San Antero en el año 2011 deja al descubierto otro desfalco en el sector de la educación en el departamento de Córdoba.
Lo grave de la situación es que los dineros fueron cobrados por un abogado Sain Javier Mendoza Urango sin el aval de sus propietarios, un total de 56 docentes que laboraban con el municipio antes de la ley 715 del 2001, que a través de un incidente de desacato reclamaban una reliquidación salarial. Para conseguir el pago al parecer se habría tejido una red que involucra a funcionarios de la alcaldía, a una jueza, dos docentes que pertenecerían a Ademacor y al parecer hasta al mismo exalcalde Lormandy Martinez,que en la época apoyaba la aspiración de su sobrino Ray Martinez para sucederlo en el cargo. Curiosamente los dineros fueron pagados al abogado, tres días antes de los comicios.
Contra Mendoza Urango, cursa una investigación por parte de la Fiscalía por el delito de Hurto Agravado y calificado,y en cuyo expediente reposan más de dos mil folios bajo el radicado SPOA 23417600 1007201300987
«Inicialmente nosotros le dimos poder para un desacato de tutela pero para cobrar a nombre de nosotros nuevamente necesitaba nuestro aval, que nunca lo tubo, sin embargo el abogado al parecer en complicidad con varios funcionarios suscribió unos acuerdos de pago con el alcalde de la época, los hizo efectivos mediante una demanda laboral a nombre propio y cobró mil 200 millones. Nos enteramos un año después cuando le otorgamos poder a otro abogado para que nos representara y este nos dijo que ya habían pagado una parte de los dineros que alcanzan el orden de los 3 mil millones de pesos» señaló Alex Newball uno de los docentes afectados y quien instauró una demanda contra el abogado.
Pero el cobro de los dineros no es la única irregularidad que denuncia el docente Alex Newball, el educador advierte que cuando le reclamó en qué había invertido la fuerte suma, éste indico que le había pagado a unos docentes; por lo que instauró la demanda respectiva ante la Fiscalía y paralelamente otra de carácter disciplinario ante el Consejo Seccional de la Judicatura. Pero el magistrado a cargo nunca sancionó acto de indisciplina alguno por parte del abogado a pesar de las faltas. En contraste la Procuraduría emitió su concepto en el que señala que el abogado sí es merecedor de una sanción. El magistrado no aceptó un recurso de apelación presentado por el denunciante.
El docente señala su preocupación porque el proceso a pesar de estar a la espera de un fallo este no avanza, expresó al respecto que: » Es preocupante porque la Fiscalía 23 de Lorica hace seis meses que no procede con el fallo después de cinco años y después de tener todas las pruebas pertinentes, al parecer está congelado el proceso, con qué intención no sabemos». Puntualizó el denunciante.
Por fortuna según el denunciante el abogado no alcanzó a cobrar el pago total de la demanda, pago que fue suspendido por las autoridades mientras se define el proceso.
La Lengua Caribe buscó la versión del abogado pero no fue posible.
Alex Newball, docente demandante.