Cuando el mundo entero celebraba y estaba sintonizado con los anuncios de los acuerdos de paz en la Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, Córdoba vivía su propia noticia, la suspensión temporal del senador Martin Morales Diz, del partido de la U, por parte de la Comisión de Ética del Congreso de la República, y la del magistrado Jorge Pretelt Chaljub por parte de la plenaria del Senado de la República tras tres días sesión.
En el caso del senador Morales Diz , la suspensión es temporal mientras la Corte Suprema de Justicia adelanta el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, administración de recursos de grupos armados al margen de la ley, tentativa de homicidio agravado, porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La Corte Suprema deberá definir su situación mientras tanto su curul quedará suspendida y nadie la ocupará. La suspensión de Morales Diz indica un posible debilitamiento en las políticas de gestión en beneficio del departamento de Córdoba, si se tiene en cuenta que durante dos períodos consecutivos alcanzó la curul en el senado experiencia que aplicó en proyectos el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial de Colombia, del cual fue ponente.
En el caso del magistrado Jorge Pretelt la plenaria del senado tomó la decisión este miércoles de adoptar el informe mayoritario de la Comisión de Instrucción, con 55 votos a favor y 5 en contra dejándolo suspendido de su cargo en la Corte Constitucional.
El fuero constitucional fue levantado y el expediente del caso será remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; de igual forma se iniciará un juicio de indignidad en contra del magistrado cordobés, que podría derivar en su destitución definitiva.
En este caso se resalta que desde el año 1958 es la primera vez que en que el Congreso de la República se lleva el caso de un alto funcionario del Estado ante la Corte Suprema de Justicia; hace casi 60 años el legislativo hizo lo propio con el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, por supuestos hechos de corrupción.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia asumirá la investigación y juzgamiento del magistrado Pretelt por el presunto delito de concusión que, de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, conlleva una pena de 6 a 10 años de prisión, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años.
Al magistrado Jorge Pretelt se le acusa de recibir 500 millones de pesos con el fin de sugerirle a otro magistrado elegir una tutela que protegía los intereses de la empresa Fidupetrol. Esta situación, que ha sido negada en reiteradas oportunidades por Pretelt, fue puesta en conocimiento de las autoridades por el exmagistrado Mauricio González Cuervo, por el presunto uso de su nombre en este acontecimiento.