Sede de Manexca en San Andrés.

Juez de Santa Marta definirá situación de presuntos miembros del ‘cartel de cirugías’

Las diez personas capturadas en los allanamientos que se adelantaron en Córdoba y Sucre, sindicadas de pertenecer al denominado ‘cartel de las cirugías’, serán presentadas en el día de hoy ante un juez de control de garantías en Santa Marta.

El funcionario judicial deberá definir el destino de los detenidos en Chinú y San Andrés de Sotavento, en el departamento de Córdoba, y en Sincelejo y Morroa, Sucre, todos funcionarios con la empresa de salud Manexka, creada por el médico indígena y dirigente político Pedro Pestana.

Luego del operativo, los detenidos fueron llevados al comando de Policía de Sucre donde pasaron la noche y desde allí se coordinó el traslado  a la capital del Magdalenaa de Antonio Fernández, Rober Sierra, tesorero; Otoniel Jerónimo, gerente de la EPS; Yurani Castillo, asesora jurídica; Yahaira Garavito, funcionaria del área de calidad; Leonis Ramos, jefe jurídica, y Siria Pérez, exgerente de Manexka, todos detenidos en el departamento de Córdoba.

La orden de la Fiscalía señala que los señalados tendrían vínculos con actividades irregulares toda vez que habrían cobrado millonarias suma de dinero por la práctica de cirugías que jamás se hicieron, pese a que los pacientes, en su mayoría mujeres, aparecían instaurando acciones de tutelas para garantizar cirugía bariátrica y de senos.

Los mismos pacientes que figuran en el listado de operados denunciaron ante las autoridades que jamás les practicaron los procedimientos. Sin embargo, hay cheques que confirman que por los mismos se hizo efectivo el pago.

La Fiscalía señaló que los capturados de manera ilegal estarían realizando falsedad ideológica, procesal y documental, inventándole a usuarios de Manexka, enfermedades o desordenes metabólicos y que en ese cartel están comprometidos  médicos, abogados, jueces, centros médicos (I.P.S.), centros de cirugías ambulatorias y funcionarios de Manexka.

Cabe anotar que la mayoría de los afiliados a la EPS son de la comunidad indígena Zenú y por ellos facturaban grandes sumas de dinero que eran cancelados de manera ilegal.

 

 

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