Por: Karin González Guzmán
Entre el abandono y el sucio se encuentra el Centro Comercial, ubicado en la calle 41 entre carreras cuarta y quinta en el centro de Montería, el cual se ha convertido en un elefante blanco que solo ha servido para que los indigentes, consumidores de drogas y habitantes de la calle hagan sus necesidades en las paredes de la edificación y duerman en los rincones de esta.
La construcción está en el olvido desde hace más de quince años, lo cual ha dejado a muchas personas afectadas, como a los comerciantes que adquirieron e invirtieron dinero en locales que nunca pudieron utilizar.
Pesadilla en pleno corazón de la ciudad
La idea de construir uno de los primeros Centros Comerciales en Montería, el cual generaría empleo y ganancias a la región, parecía una idea bastante llamativa y ambiciosa para muchos cordobeses, comenzando por el empresario monteriano Pedro Ojeda, el fundador de este proyecto.
A través de un derecho de petición instaurado a la Alcaldía de Montería, se conoció que en el año 1996 en la administración del difunto sacerdote Luis Alfonso León Pereira, fue vendido a la sociedad Pedro Ojeda y compañía Ltda el inmueble ubicado en la calle 41 No 4-58, con una extensión de 610 metros cuadrados, el cual fue adquirido el 22 de noviembre de 1996.
En la escritura la construcción contendría en el primer piso 228 y en el segundo 367 locales comerciales, arrojando así un total de 595 locales con matrículas inmobiliarias abiertas a cada uno, esto con la finalidad principalmente de reubicar a los vendedores ambulantes y a las personas que estaban en los denominados San Andrecitos, alrededor del centro de la ciudad. A su vez se puso en venta a personas emprendedoras que quisieran incursionar en el mercado.
En 1997 el Estado pasa a englobar la edificación, justificando que dicho bien le pertenecía al Municipio aún, por tal razón no podía ser vendido ni construido.
Ilusiones en ruinas
La pesadilla no llegó a su final en ese momento. Más de la mitad de los locales del centro comercial para ese entonces ya estaban vendidos y/o en procesos de venta, muchos de los compradores ya habían dado la cuota inicial, otros infortunadamente habían cancelado el valor total del local.
Joaquín José Villadiego, un comerciante de 60 años de edad, que actualmente tiene ubicado su negocio de venta de zapatos en la calle 35 con tercera, adquirió un local con valor de seis millones de pesos, del cual solo alcanzó a consignar en la Caja Agraria la primera cuota, lo que bastó para que él aparezca hasta la fecha como único dueño del inmueble.
Villadiego aún recuerda las promesas que le hicieron, promesas como que el Centro Comercial iba a funcionar bien y que estando allí le llegarían muchos clientes, lo cual aumentaría de sobre manera sus finanzas, cosa que nunca pasó.
“La mayor estafa que me han hecho en mi vida ha sido esta, ahora me veo perjudicado porque me toca pagar el catastro de algo que no estoy utilizando”, dice Joaquín José entre quejas.
En ruinas también se encuentran las ilusiones que tenía Jhony Arroyo, un comerciante más de la calle 35, quien adquirió local en el Centro Comercial, pero a diferencia del anterior no contaba con suficiente dinero, inclinándose así por uno más pequeño, de valor aproximado de dos millones de pesos.
Jhony menciona que los locales no se encontraban desde un principio en condiciones óptimas para ser habitados, ya que eran muy pequeños, no tenían ni siquiera bodega para asegurar sus mercancías.
El cobro del impuesto es lo que más ha afectado a este comerciante, ya que económicamente no se encuentra en condiciones para pagar un local el cual nunca la ha generado ingresos.
Estas personas se encuentran entre la espada y la pared ya que quisieran que se hiciera justicia, que la ley actuara, pero a su vez quieren recuperar todo el dinero invertido.
Muchos de ellos murieron en la espera y otros ya no les quedaron ilusiones de tener si quiera locales comerciales, como lo es el caso de Eliana Martínez, una empresaria la cual manifiesta que ya no le interesa que le devuelvan el bien, lo único que pide es no aparecer más como propietaria de este, ya que le ha impedido hacer préstamos y créditos en los bancos y demás entidades financieras.
Eliana alega que “se han realizado varias reuniones tanto con representantes de la Alcaldía, como con abogados que buscan defender nuestros derechos, pero realmente nunca se ha llegado a ningún acuerdo efectivo”.
¿Qué espera la Alcaldía?
Para que el bien sea nuevamente del Municipio debe la registradora principal de Montería, Edna Marisol Rugeles Niño, realizar la inscripción de este en el folio de matrícula inmobiliaria, lo cual a la fecha no se ha llevado a cabo, así pues manifiesta Mónica González, jefe de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Alcaldía.
Así mismo argumenta que hasta que este proceso no se realice el municipio no puede intervenir, ni asegurar soluciones a las personas que se vieron afectadas en la compra de dichos locales.
Jorge Ramos, abogado perteneciente a la oficina jurídica, explica que el municipio de Montería no puede proceder porque el bien no está en cabeza de él, ya que la administración no puede invertir en bien privado, además menciona que es necesario esperar hasta que Edna Rugeles haga el cumplimiento de la sentencia para poder proceder.