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Opinión

Concertación minera en el departamento de Córdoba

Por: Jorge Echeverría Usta

La minería en Colombia ha ido avanzando a lo largo de las últimas décadas, no solo por su auge tecnológico industrial sino también producto de las aperturas económicas a nivel mundial, logrando condiciones de desarrollo igualitario en todos los países.

El sector minero ha representado en gran escala una buena parte del progreso del país en términos económicos, urbanos, laborales y de sostenimiento de los entes territoriales, debido al beneficio económico que se percibe por el pago de las regalías que realizan los concesionarios. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el sector de minas participó con el 5,95% del PIB, además de los ingresos que se obtienen de la actividad y que se reflejan en pagos de impuestos y aportes al Sistema General de Regalías, también el movimiento que ha tenido la minería en Colombia es la consecuencia de dos factores: el primero se refiere al impacto que generó el incremento en los precios de los minerales a nivel internacional durante el periodo de 2010 a 2012; el segundo, por su parte, corresponde al efecto que produjeron los cambios en la política minera colombiana, lo cual promovió el aumento de la inversión nacional e internacional, es por ello por lo que este sector ha sido reconocido, principalmente por productos como el carbón, el níquel y el oro.

La seguridad jurídica en un sector productivo como la minería contiene una dinámica compleja, pues no solo contempla los aspectos técnicos del desarrollo de la misma, sino también la función social que toda actividad económica debe cumplir; además de las precauciones medioambientales que se deben tener en cuenta de manera que se puedan extraer este tipo de recursos sin implicaciones graves para la humanidad.

El aprovechamiento de los recursos naturales del Estado tiene un propósito social, que se integra con las finalidades generales e integrales del mismo, en beneficio de la población y en la lucha por incidir en los factores que influyen en los índices de pobreza y el bienestar comunitario.

Bajo estos mismos preceptos y teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho, la Constitución en su artículo primero le atribuye al Estado colombiano autonomía de sus entidades territoriales a través de un modelo organizativo de descentralización administrativa, es necesario hacer reflexiones conceptuales y jurídicas frente a las mismas y su afectación en el modelo económico, especialmente en aras de entender cómo se regulan actividades industriales como la de la extracción de los recursos naturales no renovables.

Teniendo en cuenta lo anterior, y los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional la autoridad minera en el país viene avanzando con la concertación minera en los territorios y autoridades locales donde se realizan audiencias públicas de participación ciudadana en la que se presentan los proyectos mineros catalogados como viables para los municipios; lo cual tiene como fin que la comunidad se entere de que pasa en su territorio.

Así, teniendo en cuenta que la concertación propuesta por la Corte Constitucional y que viene siendo implementada por la Autoridad Minera tiene como finalidad armonizar las políticas de ordenación del suelo con el desarrollo de proyectos mineros, a efectos de incorporar el componente minero en los instrumentos de ordenamiento territorial de los entes territoriales de manera concertada, y en cumplimiento de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

Es importante resaltar que el departamento de Córdoba es el mayor productor de níquel del país, el tercer departamento en aportar regalías para la nación, una representación en el PIB del 1,8%, con tan solo el 4,34% del área total del departamento titulada para minería, y hasta el momento solo 5 Alcaldes del departamento han concertado la viabilidad de proyectos en su territorio, ellos son Planeta Rica, Montelíbano, Los Córdobas, San Andrés de Sotavento y Valencia, entonces son los alcaldes municipales los llamados a gestionar la concertación con la autoridad minera y su comunidad, buscando generar un desarrollo sostenible desde los proyectos mineros en la región.

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