Se le empezó a complicar aún más la situación del alcalde electo de Moñitos, Álvaro Casseres Motoza, quien podría perder la credencial, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de asumir la investigación formal y recolectar pruebas de las irregularidades denunciadas durante el proceso.
El máximo órgano electoral tomó dos decisiones fundamentales. La primera de ellas es solicitar al mandatario electo, preso en una cárcel de Sabanalarga, que responda un cuestionario relacionado con el manejo de los recursos durante la campaña, pues la denuncia habla de violación de los topes, y la segunda es citar para el próximo 20 de octubre, a las 10:30 de la mañana, al denunciante, Carlos Jannio Cantero Petro, quien fue su contendor, para que amplíe su versión.
De acuerdo con lo señalado por los asesores de Cantero, el Consejo Nacional Electoral, luego de analizar las pruebas podría determinar quitarle la credencial al mandatario avalado por el partido Liberal y entregarla al segundo en votación que fue Cantero. Sin embargo, esa es una decisión que se tomará luego del proceso que por fin fue asumido por el CNE, pues hasta el momento solo se adelantaba en Fiscalía y en Procuraduría.
El demandante había solicitado al Consejo Nacional una investigación preliminar por fraude electoral, constreñimiento, violación de topes de gastos y otros delitos electorales en contra de la elección del actual alcalde de Moñitos, hecho que empezó a ser investigado por la Fiscalía 85 contra el crimen organizado.
La autoridad electoral aclaró que en el municipio de Moñitos el tope de gastos estaba fijado en 94 millones 690 mil 384 pesos porque se trata de una localidad con un censo electoral igual o inferior a los 25 mil habitantes. Sin embargo, Cantero advierte que en las elecciones Casseres violó esos topes y además obligó a los electores a votar por el él, tal y como lo pudo comprobar el juzgado segundo penal ambulante de Cartagena, el cual le dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación.
Municipio en caos
La situación en el municipio costanero de Córdoba es de absoluta ingobernabilidad. Pese a que su alcalde estaba preso, seguía mandando a través de uno de sus funcionarios de despacho, sin que se hubiera procedido a hacer el encargo correspondiente por parte de la Gobernación, ente que advertía que ningún organismo lo había notificado formalmente.
Solo hace pocos días fue encargado el secretario del Interior de Córdoba, Juan José González, pero la comunidad pide que se tomen medidas rigurosas para que se normalice la situación administrativa.
La decisión del Consejo Nacional Electoral de asumir una investigación formal generó expectativa en la localidad donde esperan la respuesta de la cita del 20 de octubre donde el antiguo contendor de Casseres podrá explicar en detalle lo ocurrido y aportar las pruebas que podrían dar al traste con la credencial del electo mandatario.