Este viernes 2 de febrero será un día decisivo para el suspendido senador cordobés Musa Besaile Fayad. De su declaración depende los beneficios que logre con la justicia colombiana, pues deberá delatar a los que participaron con él en los actos de corrupción para poder acceder a rebaja de penas.
La situación para uno de los barones electorales de Córdoba cada día se complica más. Hay una serie de pruebas que lo incriminan en la comisión de delitos, que hoy lo mantienen tras las rejas en la cárcel La Picota de Bogotá.
La primera prueba que lo hunde es su propia declaración al reconocer en una versión libre que pagó 2.000 millones en el marco de una supuesta extorsión por una orden de captura que venía en camino en su contra. Aseguró que el abogado Gustavo Moreno le hizo esta exigencia para evitar que se tomara esta decisión en el despacho del magistrado Gustavo Malo, en donde se adelantaba una investigación por parapolítica.
Esta versión se contradice con la que han entregado el mismo Moreno, el abogado Luis Ignacio Lyons y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons quienes han asegurado que no solo intentó cambiar el rumbo del proceso, sino que además lo hizo con recursos que provenían de la corrupción en Córdoba.
Otra de las situaciones que complica la situación de Musa es que la justicia creyó la versión entregada por LYons en el sentido que entre los años 2012 y 2015 acordaron que se repartirían por mitades iguales toda la plata que lograran timarse de las arcas de la Gobernación de Córdoba, como una forma de ‘pagar’ el favor de haberlo apoyado en su aspiración, cuando era un abogado desconocido y sin ninguna trayectoria política en la región.
También está en contra del dirigente político la versión que ha entregado la Procuraduría, en el sentido que tiene indicios suficientes para creer que Besaile fue quien más apoyó la candidatura de Lyons a la Gobernación de Córdoba y que como contraprestación le habían entregado cargos importantes en el gabinete departamental como las secretarías de Infraestructura, del Interior y de Juventud, además de partir por partes iguales los recursos de la corrupción.
La Corte evalúa los testimonios entregados por Lyons a la Fiscalía en los cuales detalla las circunstancias de modo y lugar en las cuales entregó dinero al entonces congresista, el cual era producto de los actos de corrupción y también analiza el concepto de la Procuraduría el cual establece que tanto Besaile como Lyons se apropiaron de dineros del departamento de Córdoba, por lo que habría que imputarle el delito de peculado por apropiación.