En un giro inesperado, María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha implicado a nueve congresistas y a un directivo del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el entramado de corrupción que de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según las declaraciones de Benavides, los funcionarios habrían recibido contratos de obras públicas a cambio de sus votos en el Congreso.
Entre los congresistas señalados se encuentran Juan Diego Echavarría, Jairo Castellanos, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Gnecco, Liliana Bitar, Karina Espinosa y Rafael Oyola.
Además, de acuerdo con la Revista Semana, el ministro de Hacienda favorecía a los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, entre otros, para la entrega de contratos de obra pública en El Salado, municipio de Carmen de Bolívar; Cotorra, departamento de Córdoba, y Río Bojabá, en el municipio de Arauca, a cambio de los votos.
De igual forma, Juan José Oyuela, director de Ejecución y Operación de Invías, ha sido mencionado como parte de esta red ilegal.