Definitivamente la crisis que están atravesando las comunidades de La Mojana, tiene en alerta a varias instituciones nacionales, una de ellas es la Defensoría del Pueblo, quien le exigió al gobierno en las últimas horas que deben dejar de hacer anuncios y mejor brindar soluciones prontas y efectivas.
“A pesar de los reiterados llamados que hemos hecho desde la Defensoría del Pueblo en los últimos cuatro años y de las medidas cautelares decretadas en febrero pasado por el Tribunal Superior de Cundinamarca para proteger los derechos de las comunidades de La Mojana, como respuesta a una acción popular que presentamos, hoy sus pobladores de 11 municipios, en cuatro departamentos, se enfrentan una vez más a una situación crítica por cuenta de filtraciones que pueden causar una nueva rotura del dique ‘Caregato’”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Por esa razón, el Defensor del Pueblo reitera su llamado a la institucionalidad gubernamental: “Por enésima vez, le solicitamos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Fondo de Adaptación implementar las medidas de carácter urgente en esta coyuntura, pero, especialmente, a que de una vez por todas provean una solución estructural y efectiva a la problemática que ha venido agravando las condiciones de vida de la población de esta subregión, tan vulnerable”.
El dique, cuyo primer rompimiento tuvo lugar en agosto del 2021 en zona de San Jacinto del Cauca, afectó a habitantes de ese municipio, de Achí y Magangué (Bolívar), también a los moradores de Nechí (Antioquia), Ayapel (Córdoba), San Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito y San Benito Abad (Sucre).
Así mismo, la entidad de derechos humanos le ha hecho seguimiento a la vulneración de los derechos fundamentales de quienes viven, aproximadamente 40.000 familias, en los 11 pueblos afectados.
Justamente, a partir de lo evidenciado en el territorio, de notar la insuficiente respuesta estatal, instauró la acción popular a mediados del 2023.
En ese sentido, el Tribunal, a través del recurso constitucional, conminó hace dos meses a varios entes gubernamentales a realizar una mesa de trabajo, con la coordinación de la Defensoría, para que fuera revisada integralmente la situación de La Mojana, el mayor ecosistema de humedales, único en el mundo, donde convergen los ríos Magdalena, San Jorge y Cauca.
“El Gobierno Nacional debe pasar de meros anuncios de ayudas esporádicas a hechos concretos, con atención real, que redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. En las últimas cuatro visitas que he hecho personalmente al territorio, además del acompañamiento permanente de nuestros equipos regionales, lo que seguimos evidenciando es el abandono en el que están las personas del lugar y la falta de soluciones concretas para la población. Esperamos que esta vez el Gobierno esté a la altura del reto”, expresó Carlos Camargo Assis.
Finalmente, Camargo Assis exhortando a los alcaldes de los 11 municipios que conforman La Mojana a actualizar sus planes de gestión del riesgo y activar las estrategias de respuesta a emergencias, como la actual: “Deben darle prioridad a la situación de riesgo en la que están las comunidades, teniendo en cuenta la Resolución Defensorial 001 de 2024, para que sea garantizado el enfoque de derechos humanos en los planes de desarrollo municipales”.