La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 del 2024, a fin de que los entes de carácter nacional, departamental y local pongan en marcha acciones que protejan a las comunidades de Cumaribo, en el departamento del Vichada, pues la reactivación y expansión del Frente Arcesio Niño del Estado Mayor Central (grupo rebelde disidente de las Farc) las tienen en riesgo de vulneración de sus derechos.
El documento de prevención y advertencia refleja lo que particularmente podrían enfrentar las familias que habitan en las inspecciones Puerto Príncipe, Werima y Chupave, así como las comunidades indígenas de los resguardos Saracure Río Cada, Cali Barranquilla, Chocón y Caño Cawasi, debido a que el Arcesio Niño busca ejercer el control territorial y social de la amplia zona rural del municipio.
Los posibles combates entre ese grupo, también conocido como Frente 39, y las estructuras armadas no estatales, como facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), pueden poner en riesgo los derechos a la vida, integridad, seguridad, libre movilidad, salud, trabajo, entre otros, de comunidades campesinas e indígenas de Cumaribo.
Ante la situación, la institución nacional de derechos humanos exhorta a través de la ATI a los entes gubernamentales a activar el Sistema de Prevención Rápida para que sean adoptadas medidas apremiantes de protección para los habitantes rurales del municipio cumaribense, pues de lo que se trata es de mitigar y prevenir el riesgo alertado y salvaguardar sus derechos fundamentales.
Impulsar acciones urgentes de atención integral que eviten la materialización de conductas vulneradoras de derechos es otra de las recomendaciones hechas por la Defensoría, todo desde una perspectiva de derechos humanos, derecho internacional humanitario (DIH) y seguridad humana.
A la Fiscalía General de la Nación, la conmina a coordinar con la Policía Nacional el fortalecimiento de los procesos de inteligencia, investigación criminal y judicialización de las conductas punibles identificadas.
Del mismo modo, insta a la Unidad Nacional de Protección (UNP), en trabajo articulado con la Gobernación del Vichada y la Alcaldía de Cumaribo, a adelantar espacios de diálogo y capacitación para socializar la ruta individual y colectiva de protección para las lideresas y los líderes comunales que estén en peligro.
Solicita, igualmente, la formulación e implementación de un mecanismo que cuente con enfoques diferencial campesino, étnico y territorial para identificar con prontitud a toda la población susceptible de riesgos con su vida e integridad, entre otras recomendaciones.