Durante la audiencia preparatorio de juicio desarrollada este lunes en la ciudad de Barranquilla contra el exdiputado del Atlántico por la Colombia Humana, Nicolás Petro, el fiscal del caso, Mario Burgos, informó sobre nuevas medidas que se tomarán y sorprendió a todos.
Según el fiscal, el ente acusar realizará una nueva imputación y solicitará medida en centro carcelario para el hijo del presidente Gustavo Petro, quien está siendo procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Mario Burgos, expresó su preocupación de aplazar dicha diligencia preparatoria, como lo solicitó la defensa del exdiputado, ya que a su juicio se dilatarían estos procesos mencionados anteriormente.
«Al señor Nicolás Petro la Fiscalía le tiene pendiente adicionar la formulación de imputación y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario, por otros injustos penales, entonces guarda preocupación extrema que no avancemos en esta audiencia preparatoria», dijo el delegado del ente acusador respondiendo a la petición de aplazamiento de la diligencia presentada por el abogado defensor Diego Henao.
En este sentido, el ente acusador presentará el material probatorio para llevarlo a juicio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Sin embargo, el funcionario del organismo de investigación penal no precisó de qué delitos o hechos se trata el nuevo expediente anunciado.
La defensa del exdiputado había dicho que la Fiscalía no ha revelado todas las pruebas y que entregó 2,4 millones de archivos referentes al material probatorio, por lo que solicita el aplazamiento de la audiencia.
Pese a las acusaciones, el fiscal del caso aseveró que sí se hizo la totalidad del descubrimiento de las pruebas y advirtió que lo que pasa es la defensa no está preparada probatoriamente.
Se aplazó la audiencia
Frente a la polémica suscitada, el juez le dio la razón a la defensa. Al abogado Henao le pidió, en lo posible, que refuerce su equipo de investigadores para hacer una revisión más ágil de las evidencias, y les exigió a las partes que, en aras de la lealtad procesal, se pongan de acuerdo para verificar si faltan o no pruebas por ser entregadas.
“El juzgado accede a la solicitud de aplazamiento de la defensa”, dijo el togado, con la salvedad de que la Fiscalía no está obligada a entregar la información de la fuente reservada.
Lo que más peso tuvo en la argumentación, es el corto tiempo que ha tenido la defensa para revisar toda esa cantidad de evidencia y el hecho de que hay varias solicitudes jurídicas defensivas en curso, que se consideran importantes para que haya igualdad de oportunidades para las partes.
Para el 5 y 6 de agosto quedó programada la próxima diligencia, en la que se espera que ya se haya resuelto la parte del descubrimiento de pruebas y se avance con la audiencia preparatoria para el juicio.