Las palabras y declaraciones que ha venido expresando el presidente Gustavo Petro en sus meses de mandato han generado un sinfín de reacciones, sobre todo críticas de la oposición.
En esta ocasión no fue la excepción, ya que se generó toda una polémica luego de que se conocieras los detalles de una resolución que expidió el jefe de Estado, en donde ordena a las autoridades del Gobierno que son parte del Pacto Histórico, utilizar un lenguaje respetuoso y desescalamiento del conflicto hacia la guerrilla del ELN.
Es importante mencionar que esta decisión se tomó en medio de los diálogos de paz que se adelanta entre el Gobierno y este grupo delincuencial, sin embargo, muchos no están de acuerdo con la resolución ya que afirman que el ELN no ha respetado los acuerdos y en las últimas semanas ha hecho constantes ataques contra la humanidad en varias regiones de Colombia.
En el artículo 3 de ese documento, expresa el mandatario colombiano que en medio de las negociaciones de paz que avanzan entre el Gobierno y delegados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se acordó entre las partes aplicar un lenguaje de respeto.
“En el marco del acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal pactado entre el Gobierno nacional de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), decretado mediante el Decreto 1117 del 5 de julio de 2023, las partes acordaron que usarán entre sí un lenguaje respetuoso”.
Otro punto de la resolución 194 dice lo siguiente: “De igual manera, en concordancia con lo señalado en el artículo 1 de la presente resolución, las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los diferentes actos administrativos expedidos por el presidente de la República se harán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde”.
Finalmente, frente a los diálogos, se espera que esta misma semana las partes, que se encuentran en itinerancia entre Cuba y Colombia, firmen los protocolos que establecen el camino a la puesta en marcha del cese al fuego que empieza en firma el próximo 3 de agosto y que se extenderá hasta enero de 2024.