El comunicado que emitió la Procuraduría General de la Nación en las últimas horas, ha sido catalogado como un fuerte ataque hacia las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro, ya que, la entidad informó que es inconstitucional el decretó 1085 de 2023, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira.
Según lo explicado por Margarita Cabello, la procuradora, los hechos por los cuales fue declarado el estado de emergencia, se pueden atender normalmente por medio de los mecanismos ordinarios que ya existen en Colombia, es decir, se trata de una problemática que responde a factores estructurales.
“Si bien no se desconoce la gravedad de la crisis de acceso y cubertura de servicios básicos vitales en La Guajira, se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional”, indicó la jefe del Ministerio Público.
Cabello agregó que para superar la crisis social y económica que se vive en este departamento, “el Gobierno está en mora de acatar las órdenes de atención en favor de la población emitidas por la Corte Constitucional en el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira”.
Por otro lado, el documento también señala que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe implementar eficazmente la política pública diseñada para responder a las dificultades crónicas que afectan a esta región y acudir a las medidas especiales para la gestión del riesgo, calamidades y desastres por factores climáticos contenidas en la ley.
Por último, Margarita Cabello indicó que el Ministerio Público no desconoce la grave situación de La Guajira, solo que su existencia no es emergente y requiere una solución por las vías normales previstas en la carta política.