Las medidas que buscan preservar y mantener el orden público en el departamento de Córdoba adoptadas por el gobernador Orlando Benítez Mora, mediante decreto 00423, son medidas conducentes, pertinentes y oportunas que ayudaran a prevenir, contener o evitar que se sigan presentados los hechos terroristas de las últimas horas.
Despliegue de la fuerza pública, suspensión de actividades académicas y prohibición de circulación de parrilleros, son medidas que ayudarán a conjurar la grave situación de orden público presentada en Córdoba. Para nadie es un secreto que estas perturbaciones son aprovechadas, además, por delincuentes para delinquir, es por ello que las restricciones de no circulación de motocicletas con parrilleros mitigan el riesgo de incremento de delitos.
Son medidas que venía y viene exigiendo la ciudadanía, empresarios, organizaciones gremiales y de derechos humanos, actúa, entonces, en consecuencia, el gobernador Orlando Benítez Mora.
No hay duda que las múltiples acciones terroristas del Clan Del Golfo durante el paro armado, decretado por esta organización delincuencial demuestran que tienen control territorial y poder de acción en las zonas donde históricamente han ejercido presencia (Bajo cauca antioqueño, sur de Córdoba, Urabá antioqueño y departamento de Sucre).
Es muy probable que las medidas oportunamente tomadas por la administración departamental no sean bien recibidas por el gobierno nacional, máxime cuando el presidente Iván Duque, con la captura del extraditado Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, manifestara que era el fin del Clan Del Golfo. Para el gobierno nacional, desde la fría Bogotá, el Clan Del Golfo no existe. Los hechos presentados hoy demuestran lo contrario: “están vivos y coleando”
Me imagino que el gobierno nacional que hoy encabezará consejo de seguridad en la ciudad de Montería con su señor Ministro de Defensa, llamará la atención a los mandatarios locales, pues lo que esperaba de ellos, me atrevería a decir, era que manifestaran públicamente que “el tal paro no existe” o que “no existe evidencia ni información de inteligencia sobre un supuesto paro armado”, tal como lo hiciera de forma irresponsable el Alcalde de Montería.
De todas formas, logra la administración departamental una mirada nacional para que el gobierno se concentrara con seriedad en la grave crisis de orden público que se presenta en nuestro territorio, obligándolo a realiza un consejo de seguridad regional el cual se desarrolla en la ciudad de Montería donde se hará visible una problemática real, permanente del accionar delictivo del Clan del Golfo que todos conocen, pero que nadie se atreve a denunciar.
Proteger la vida de manera preventiva ante la omisión del gobierno nacional que subestima la presencia de los bandidos en Córdoba que extorsionan a diario al pueblo son medidas plausibles que merecen el respaldo de todos los cordobeses.