Varias regiones del país están sintiendo el impacto negativo de las fuertes lluvias. Según los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre marzo y lo que va del mes de mayo, 324 municipios han registrado algún evento relacionado con inundaciones. Son emergencias que han afectado a 20.390 familias.
Como se sabe, la atención de este tipo de situaciones está definida en la Ley 1523 de 2012, en la que se adoptó la política nacional de gestión del riesgo y prevención de desastres. Han pasado 10 años desde la promulgación de esta Ley y la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a 2030, por parte del Gobierno Nacional, llega en un momento oportuno, ya que se abre el camino para que en los próximos años exista una planificación sectorial y territorial robusta, programática y sostenible.
Este plan es de suma importancia, porque se establece la forma en la que se deben activar los protocolos y la asignación de presupuestos para lograr una mayor resiliencia, con el fin de contribuir a la seguridad de las comunidades y el mejoramiento de su calidad de vida.
Los retos son grandes, más cuando se trata de la planificación, organización, ejecución y evaluación de acciones de gestión de riesgos de desastres, adaptadas al manejo del cambio climático. Es indispensable la articulación de un plan educativo, social y económico para disminuir las situaciones de riesgo previsibles y estar preparados ante eventualidades naturales. Todo alineado con los Planes de Ordenamiento Territorial.
Es indispensable para el óptimo funcionamiento de este modelo que las entidades que hacen parte de los comités de prevención de desastres no solo sean actores convocados para una reunión de aprobación, se necesita un mayor compromiso de todas las partes para la reacción inmediata y la ejecución de las acciones de mitigación en campo.
Entre todos los estamentos estatales que hacen parte del manejo del riesgo, se está en la obligación de planificar y articular acciones de los eventos previsibles, con el objetivo de minimizar lo más posible la incidencia del riesgo. Pero ello no tiene que parar allí, también es de vital importancia hacer un seguimiento constante para reaccionar ante la inclemencia de los desastres naturales, que son imprevisibles.
Además del aporte de recursos que hacen las entidades territoriales, es de todos el manejo humanitario y social a este tipo de problemáticas, para así lograr frenar las afectaciones y construir una solución social integral que mejore la calidad de vida de las comunidades afectadas. Estas últimas también tienen el compromiso de cuidar los entornos que los rodean para hacer un buen uso de los recursos naturales y disminuir la contaminación.
El éxito de esta política dependerá de que logremos fortalecer aún más la articulación de lo planificado con la atención inmediata de las calamidades, porque a fin de cuentas lo más importante es salvaguardar la vida de quienes están expuestos a los impactos negativos de la naturaleza.