El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanin, se reunió con representantes del Sindicato de Celadores de la secretaría de Educación y escuchó sus solicitudes. El mandatario fue claro al indicarles que tiene la obligación de nombrar a las personas que ganaron el concurso de méritos.
El alcalde aseguró que la Comisión Nacional del Servicio Civil hizo un requerimiento para que el municipio haga los nombramientos de las listas de elegibles. “Quiero que sepan que las vías de hecho no son contemplativas en nuestra administración y en este caso no son necesarias porque siempre hemos estado abiertos a escucharlos para buscar soluciones”.
El presidente del Sindicato, Rafael Arroyo, manifestó que “siempre hemos tenido ese espacio con usted (alcalde) y reconocemos que encontró esta herencia. Aquí nosotros no estamos en contra de lo que dice la Comisión Nacional del Servicio Civil, ni estamos en contra del concurso porque sabemos que es ley y por méritos el que se lo ganó le corresponde eso”.
Los miembros del Sindicato adelantan los procesos judiciales ante las autoridades pertinentes, razón por la que el alcalde manifestó que son los jueces los encargados de darles la razón o no a sus peticiones, “de ser favorables los fallos para ustedes, los acataremos, de lo contrario no tenemos ninguna herramienta jurídica para mantenerlos en los puestos que ocupan en provisionalidad”.
Por su parte, Dinectry Aranda, abogado de las personas que perdieron el concurso, manifestó que la demanda en este momento se encuentra en trámite y afirmó que le ha explicado a sus representados que “no son discutibles las exigencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil porque el proceso de elección es un proceso que tiene nacimiento en la Constitución”, también manifestó que no hay una orden judicial que suspenda el concurso, “eso está claro y no lo estamos discutiendo”, y agregó que la solicitud que se le hace al municipio es la de generar una estabilidad laboral reforzada para estas personas.
El mandatario fue enfático al decir que todo este proceso se adelantó por un concurso de méritos “al que ustedes también se sometieron y en el que fueron vencidos. Un concurso que esta administración no convocó ni contrató porque inició en el año 2017. Nuestra responsabilidad es acatar las directrices de la Comisión porque de no hacerlo podemos ser sancionados”.