Luego que se determinara que el plan de reparación presentado por el exgobernador de Sucre Salvador Arana, no cumpliera con las expectativas de las víctimas ni de los magistrados, la Jurisdicción Especial de Paz le dio un plazo de diez días para que este fuese modificado.
El Tribunal indicó que en el listado de testigos no está claro los nuevos hechos que aportará sobre el fenómeno paramilitar en el departamento de Sucre.
«Debe ahondar en los detalles y circunstancias que rodearon los hechos por los que fue condenado y que no fueron evidenciados en las investigaciones y procesos penales por los que comparece a la JEP, de tal forma que haga efectivo el derecho a la verdad más allá de lo establecido en las decisiones de la justicia ordinaria» señala la decisión conocida.
Uno de los requerimientos que más exigen las víctimas es que Arana explique su relación con 22 personas proporcionadas por ellas en un listado, entre los nombres hay exfiscales, exprocuradores, un exgobernador de Sucre y otros exfuncionarios.
El exgobernador respondió que de esos 22 nombres citados por las víctimas, se pronunciará sobre 15, que ya están incluidos en su matriz de verdad. Solamente dejó por fuera a un familiar del que no hablará y de los seis nombres restantes indicó que no tiene información.
Además, ante las observaciones de los afectados a las iniciativas de indemnización de Arana, por la falta de claridad en los recursos a utilizar en las mismas, la Sala de Definición de la JEP le pidió precisar de dónde saldrá el dinero para ejecutarlas y descartó cualquier cofinanciación con recursos públicos.
«No podría pensarse, de ninguna manera, que el compareciente puede contar con los recursos de la administración pública para ejecutar sus proyectos de reparación. Debe recordarse que la carga de reparar es individual y personal, de manera que esta no puede transferirse al Estado en proporción alguna» indicaron los magistrados.
De acuerdo con las víctimas y sus representantes, los cuestionamientos y propuestas que hicieron al plan de reparación de Arana derivaron en amenazas en su contra, como una llamada recibida por Sebastián Escobar, abogado de Juan David Díaz (hijo del exalcalde Eudaldo Díaz, asesinado por orden de Arana).
“Dígale a Juan David que si sigue metiendo a los políticos de Sucre lo vamos a matar y también nos lo llevamos a usted por delante por sapo” denunciaron.
La JEP además fijó para el 11 y 12 de marzo dos audiencias en las que Arana tendrá que ampliar su plan de verdad y reparación en presencia de las víctimas.