Son alrededor de 40 profesionales los afectados por la Fundación Antonio Nariño la cual tiene contrato con la Institución Colombiana de Bienestar Familiar.
Así lo dieron a conocer varios denunciantes a este medio, pues indicaron que luego de 15 días de estar laborando para la institución en el municipio de Lorica, los llamaron a informarles que prescindirían de sus servicios.
“Realizamos el proceso de convocatoria, nos hicieron la entrevista y nos quedamos con el puesto, luego de 15 días de estar trabajando en campo, ayer (13 de abril) nos llaman de decirnos que ya no necesitan nuestros servicios”, sostuvo uno de los denunciantes.
Ante esta situación se enfrentaron, coordinadores, docentes, psicólogos auxiliares y pedagógicos, enfermeras y auxiliares administrativos, que atendían a mujeres gestastes, lactantes y niños de seis meses a cinco años en zona rural del municipio, algunos de ellos manifiestan que fueron sacados de sus puestos de trabajo sin justa causa.
“No es justo que hayamos trabajado y ahora tengan personal nuevo de otros municipios”, indicó la fuente. Y es que, de acuerdo con la denuncia recibida, los nuevos profesionales contratados pertenecen a los municipios e Cotorra, Montería, Momil y Purísima.
Es de resaltar que, el contrato que tenían con la fundación era verbal, pues al empezar sus labores no firmaron ningún tipo de documento. “No nos pagaron ARL, no firmamos contrato, se supone que lo firmaríamos después como siempre hacen ese tipo de entidades, pero no pasó, solo nos llamaron a despedirnos”.
Así las cosas, los denunciantes elevaron una queja a la directiva del ICBF Lina Arbeláez y hacen un llamado a los entes de control para que pongan la lupa sobre este tipo de situaciones que violan los derechos de las personas.