Por: Jairo Torres Oviedo
El pasado 4 de julio, se conmemoraron los 30 años de promulgación de la Constitución Política de Colombia. Constitución que nació del liderazgo de una generación de colombianos que pudo, no solo leer la convulsionada, violenta y compleja realidad social colombiana; sino interpretar, comprender y proponer salidas propositivas por las vías democráticas; dentro de esas salidas, se construyó una nueva constitución política, que representa un nuevo acuerdo o pacto social entre los distintos actores y sectores que representan la pluralidad y diversidad de la sociedad colombiana.
La Constitución del 91 repensó e hizo posible un nuevo contrato social moderno, que reemplazaba a la premoderna Constitución de 1886. Sin lugar a equívocos, la Constitución del 91 representa el pensamiento e ideario del mundo moderno; modernidad que ha permitido pensar y proponer un orden social equitativo, con libertades positivas y negativas al estilo de los antiguos, que reconoce la pluralidad de pensamientos, ideologías; creencias que identifican la cultura colombiana que tradicionalmente hemos desconocido y hasta anulado por vías violentas y excluyentes; sobre todo, justa para hacer posible la dignidad humana.
Este ideario de libertades, justicia y dignidad humana constituyen y encarnan el proyecto de la modernidad; proyecto que gestó e impulsó las revoluciones modernas en Europa y el nacimiento de un orden social civilizatorio que, para el caso de América Latina, dicho ideario moderno no ha sido nuevo; contrario a ello, motivó e impulsó procesos revolucionarios y emancipatorios; que inspiraron, en el caso de la Nación colombiana, los procesos de independencia y la construcción de la república.
En consecuencia, una de las razones que explican las distintas formas de violencia en la sociedad colombiana, es la permanente tensión entre un ideario moderno que representa un pensamiento transformador y unas condiciones sociales premodernas que desconocen y se resisten a cambiar y transformarse. Por consiguiente, la Constitución del 91 representa un pensamiento y contrato social moderno, plural e incluyente, que no ha podido ser aplicado plenamente; porque Colombia sigue siendo en gran medida, un país premoderno; es decir, no ha realizado los cambios estructurales en materia social, política, económica y cultural.
De igual modo, los avances sociales alcanzados han sido traumático y significado violencias, muertes y un derramamiento de sangres repetitivo. En este contexto, es necesario hacer mención del derecho a la educación superior pública; definida en la Constitución del 91 como un derecho fundamental garantizado por el Estado. Un derecho que debe ser masificado y democratizado sin sesgo ni exclusiones de ninguna naturaleza.
Solo a través del acceso a la educación y al conocimiento, una sociedad puede generar movilidad y transformación social; al igual que, procesos civilizatorios que permitan superar la barbarie e irracionalidad.
Esta es una de las muchas tareas pendiente que no ha podido materializar la Constitución del 91. Cabe resaltar que, solo el 52% de los jóvenes colombianos acceden a la universidad, y el 48% restante no tiene posibilidades de ingreso; un drama social que requiere de una política pública estatal que garantice el derecho fundamental a la educación.
En este sentido, este derecho debe descentralizarse, en el entendido que, ciudades como Bogotá concentra 114 universidades; es decir, el 33% del total de universidades del país. Capitales como Cali, Bogotá y Medellín tienen el 52% del total de la oferta educativa superior.
Es decir, el centro del país posee la mayor cobertura en educación superior; lo anterior, en contraste con lo que sucede en en muchas regiones de Colombia, en las que departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, no tiene universidades; a esto se suman los departamentos más afectados por el conflicto armado, que solo tienen entre 1 y 3 universidades.
Lo anterior, refuerza la tesis que hemos analizado en otros momentos sobre el excesivo centralismo con que se ha concebido y generado el desarrollo en Colombia; este es uno de los males que ha tratado de corregir la Constitución del 91; pero, sin buenos resultados.
Por ello, en estos 30 años de existencia de nuestra Carta magna; la reflexión y la acción de la sociedad colombiana, debe centrarse en hacer realidad este contrato social que contiene la hoja de ruta de lo que Colombia debe hacer y construir para convertirse en una nación moderna.
Lo anterior, implica dialogar y construir entendimiento entre las distintas visiones, ideologías y concepciones que hacen parte del debate público nacional; todas son necesarias para pensar y construir un país sin exclusiones, odios o sectarismos. Una nación moderna se construye desde las diferencias y con los diferentes; solo así, es posible la inclusión y el reconocimiento.