Traemos a colación esta metáfora con motivo a la preocupación del concejal de Montería, Leonel Márquez Sanes, sobre el alto índice de precios al consumidor de los productos de primera necesidad que componen la canasta básica familiar, por lo que el presidente actual del concejo de Montería no ha puesto el “dedo en la llaga” sino que ha puesto el dedo en la carne.
Precisamente el precio de los productos cárnicos (cerdo, res, pollo), básicos en la dieta diaria de los monterianos, han sido objeto de especulación por parte de los actores de la cadena de distribución y comercialización, llegando estos bienes a sufrir como consecuencia, supuestamente del paro y la pandemia, un alza de más del 40%, sin que ninguna autoridad municipal competente tome acciones con el fin de contener estos abusos.
Ahora bien, el precio de una libra de carne de res en la ciudad ganadera de Colombia pasó de costar 10 mil pesos a tener un valor de 14 mil pesos, lo que ha significado un incremento de más del 40%.
La especulación, como lo señalamos, no solo es con la carne de res sino con la carne de cerdo y de pollo, los cuales han tenido un incremento en las mismas proporciones.
Otro ejemplo del alto índice de alzas en los productos de la canasta familiar tiene que ver con los huevos, pues una canasta de 30 unidades pasó de costar 8 mil a tener un valor que oscila entre los 13 y 15 mil pesos, incrementándose su valor en más del 50 %.
Los altos índices de precios ubican a Montería en el primer lugar como la ciudad más costosa de la región Caribe, según el último informe del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane)
Como quiera que en la ciudad de Montería pareciera que no existiera oficina de control de precios y medidas, es perentoria, necesaria, indispensable la propuesta del concejal Leonel Marques, la de crear una comisión especial de vigilancia y control a los abusos de comerciantes por los elevados precios de productos básicos de la canasta familiar.
Considero que, esta comisión especial además de los entes gubernamentales, debe contar con la presencia de miembros de sectores sociales y/o ciudadanos, de entidades privadas sin ánimo de lucro que entre sus finalidades tenga las de proteger, promover y garantizar los derechos de los consumidores, de los distribuidores y productores, y delegados de organismos investigativos y policiales, como la fiscalía y la policía metropolitana de la ciudad.
La ciudad y la administración municipal, en particular, en cabeza de su señor alcalde, no se puede dar el lujo que en plena crisis económica producto de la pandemia producida por el Covid-19, donde cientos de ciudadanos han quedado sin empleos y han perdido poder adquisitivo de dinero, sean objeto de abusos descarados en los precios de la canasta familiar que ponen en riesgo la subsistencia misma.
Ante la omisión de las dependencias que tienen función de vigilancia y control de precios y medidas de la administración central municipal, viable es la creación de un ente colectivo temporal, multidisciplinario y paralelo, que tenga como función especial y vinculante: la protección urgente de los derechos de los consumidores, evitando de esta manera que queden en el aire las denuncias que con el dedo índice acusador sobre la llaga ha formulado el concejal de marras.