Este miércoles un juez ordenó al Gobierno abstenerse de dar aplicación a la modificación de la ley de garantías, tras la aprobación en el Congreso de un artículo que eliminaba esta medida.
Hacia mediados de octubre el Congreso de la República aprobó, en el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2022, la eliminación de la Ley de Garantías. Y de esta manera dieron vía libre a los alcaldes y gobernadores para que pudieran adjudicar contratos que quedaron represados durante la pandemia pese a estar en época electoral.
En el artículo que modificaron se establece que desde que entre en vigencia el Presupuesto General y durante la vigencia fiscal 2022, “la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.
Pero ahora un juez le puso freno al Gobierno y entes nacionales, quienes ya no podrán hacer efectiva la modificación.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá apeló al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad para prohibir que se elimine la ley de garantías.
