Un juez de control de garantías ordenó dejar en libertad al secretario de la Contraloría de Córdoba, Alfredo José Mendoza Fortich, a su hermano Carlos Raúl y a la fiscal Érika Tatiana Rivera, por vencimiento de términos.
El exsenador Otto Bula fue quien denunció a los funcionarios, tras señalar que le exigieron una suma de dinero para que los bienes que le habían incautado por el caso Odebrecht le fueran reintegrados.
Bula indicó que los hermanos Mendoza Fortich y Rivera le aseguraron que tenían contactos muy importantes, entre los que se encontraban el entonces fiscal General encargado, Jorge Fernando Perdomo y el director del CTI, Danny Julián Quintana.
Fue por ello que, según Bula le pidieron seis mil millones de pesos para ubicar, congelar y devolverle los bienes incautados –dos predios en Montería, una casa en San Antero (Córdoba), tres predios en Sahagún (Córdoba), dos bienes inmuebles en Cartagena. Todo esto con la ayuda de la directora de extinción de dominio, Andrea Malagón.