El exfiscal Néstor Humberto Martínez, se pronunció sobre el caso de las Farc y el crimen de Álvaro Gómez en el año 1995, alegando que el este debe estar en manos de la Corte Suprema de Justicia y no en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según el exfuncionario, actualmente Carlos Antonio Lozada, quien aseguró ordenar la muerte del líder conservador, es un aforado por su curul en el Senado de la República, y por lo tanto quien debe juzgarlo es el alto tribunal.
Asimismo, Martínez precisó que cuando la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, ésta debe ser remitida automáticamente al órgano dispuesto por la Constitución para realizar la investigación, juzgamiento o sanción.
En este orden de ideas, la única forma que los senadores de las Farc puedan ser investigados por la JEP, es renunciando al cargo, para que las competencias puedan ser reasumidas por un juez natural.
Finalmente, el exfiscal puso como ejemplo el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien renunció al Congreso y su caso paso a la Fiscalía.