La Lengua Caribe conoció el concepto emitido por la Procuraduría en el marco del caso que se adelanta en contra del concejal monteriano Santiago Pérez Posada.
La parte demandante, el señor Larry García, solicitó que se declare la nulidad parcial del formulario E-26 que declaró electo como concejal de Montería a Pérez.
Lo anterior, teniendo en cuenta una presunta inhabilidad del mencionado, la cual, según el demandante, proviene de su madre, ya que, todo parece indicar que, cuando el vigente concejal aspiraba al cargo, su progenitora fungía como gerente en Córdoba de la Contraloría General de la República.
El caso anterior fue expuesto y sustentado ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con el fin de demostrar que el concejal por el Centro Democrático en Montería, estaría incurso en el régimen de inhabilidad e incompatibilidad conforme lo estipula el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.
En este orden de ideas, la Procuraduría emitió el siguiente concepto sobre el caso:
“En Criterio del Ministerio Público, corresponde a declarar la nulidad de elección del Señor Santiago Miguel Pérez Posada, como concejal del municipio de Montería, periodo 2020-2023, declarada mediante formulario E-26CO”. Asimismo, dispuso la cancelación de la credencia que acredita al concejal en cuestión.
