A menos de un mes para que Dennis Chica termine su periodo como alcalde del municipio de San Antero, al parecer, trata de hacer algunas “jugarretas” para no irse con las manos vacías, pues querría sacar provecho de algunos contratos que ni siquiera han empezado proceso de licitación.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido por la ley, el proceso de licitación debe de durar aproximadamente 45 días y que por obvias razones no alcanzaría a concretarse pues en cuestión de tiempo sería imposible.
El mandatario pretende contratar directamente estos proyectos a través de una asociación de municipios, violando el régimen legal de contratación.
Y es que, para la población resulta contradictorio que al final de su mandato pretenda realizar tres proyectos, de los cuales no han publicado ningún tipo de información de manera oficial y por lo que temen que los recursos sean desviados.
Las obras cuestionadas que piensan realizar en la zona costanera son el supuesto mejoramiento en el revestimiento de concreto del canal barrio Pekín el cual tendría un valor de 700.000 millones de pesos.
Otro de los polémicos proyectos sería el sendero peatonal del barrio San Miguel cuyo valor correspondería a los 900.000 millones de pesos y la dotación de escuelas urbanas y rurales de mobiliario y material pedagógico por un costo aproximado de 2.000 mil millones.
Ante las inquietudes de la comunidad sanantenara, y ante las innumerables denuncias que se han presentado al respecto, entes de control como La Procuraduría y la Contraloría ya tienen la lupa en el actual mandatario.
Inclusive, en las calles del municipio, se comenta que los recursos que supuestamente van a ser invertidos en las obras descritas anteriormente seguramente podrían ser desviados en su mayoría, perjudicando a este municipio que quiere y necesita progreso.
Es de resaltar que el alcalde Denis Chica ya ha sido protagonista de varios escándalos de corrupción relacionados con el contrato del yoyo y contrato de los patacones.
Como se sabe, varios alcaldes del país ya han sido condenados por la Corte Suprema por desviar los recursos de contratación violando los principios y no aplicar la ley 80 en lo que respecta a licitaciones públicas.
Así las cosas la comunidad, espera que los entes de control tomen cartas en el asunto e inicien las respectivas investigaciones.