Estupefactos quedaron los familiares de Gustavo Vargas Morelo, un recluso de la cárcel de mediana seguridad de Bucaramanga, luego de que se conociera que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocultó su muerte por 16 años.
Allegados a Vargas Morelo aseguraron que el recluso que cumplía una pena de 11 años por homicidio, fue asesinado el 19 de junio de 1993 por uno de sus compañeros de prisión y que su cadáver nunca les fue entregado, lo más inverosímil es que se enteraron de su muerte en el año 2009 y hasta la fecha desconocen donde están sus restos óseos, lo que motivó al Consejo de Estado a condenar a la Nación.
Ante esta situación, el Inpec deberá encontrar el cadáver de Vargas y elaborar una capacitación a todos sus integrantes sobre el trato que deben recibir los reclusos cuando mueren en prisión, ya que el alto tribunal les hizo un fuerte llamado por violar el derecho a la libertad de cultos de la familia de Vargas Morelo, quienes no pudieron darle cristiana sepultura a su ser querido.
Esta capacitación tiene que ser “acorde con el derecho a la libertad de cultos y de conciencia de sus familias” y deberá explicar las consecuencias para el Estado que implicaría no respetar ese derecho. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal deberá difundir un documento similar “con el propósito de garantizar que los cadáveres sean entregados a los familiares”.
Además, se le solicitó a la Procuraduría iniciar una investigación sobre el caso de Vargas, quien primero estuvo en una prisión de Cartagena y fue trasladado a Bucaramanga el 3 de marzo de 1992.
Cabe resaltar que, a pesar de que los familiares de Gustavo se encontraban lejos de él y no tenían los suficientes recursos económicos para visitarlo constantemente, iban cuando podían; con el paso del tiempo se dieron cuenta que no se encontraba en dicho penal y empezaron a buscarlo pues creían que ya debía haber cumplido la sentencia.
La madre de Vargas elevó un derecho de petición al Inpec el 19 de diciembre de 2008 que fue respondido el 12 de febrero de 2019 informando que en esa prisión de Bucaramanga no se había encontrado detenido alguien llamado Gustavo Vargas.
Posteriormente, la familia interpuso una tutela y el Inpec se vio obligado a responder sobre lo que pasó con el recluso, por lo que esta entidad carcelaria el 27 de marzo de 2009, informó que Vargas había sido “dado de baja por defunción” el 22 de junio de 1993.
Perplejos por la respuesta del Inpec la familia de Vargas inició la búsqueda de sus restos y registro de defunción, descubriendo que Medicina Legal le hizo la necropsia el 23 de junio de 1993 en el Hospital Universitario González Valencia de Bucaramanga y se hizo un certificado de defunción por solicitud de una mujer que no tenían ningún parentesco con él.
En medio del proceso, se estableció que una de las personas que estaba detenida con Gustavo Vargas solicitó a su familia que le diera sepultura porque “estaba allá botado”, por lo que su cadáver fue entregado al conductor de una funeraria para que se encargara de sepultarlo.
Para el Consejo de Estado es claro que la Nación es responsable de la muerte de Vargas bajo su custodia y la incapacidad del Inpec para informar a los familiares sobre su fallecimiento y entregarles el cadáver.
Finalmente, el fallo ordenó crear protocolos para responder a estas situaciones y respetar el derecho de las familias a enterrar a sus muertos.