En las últimas horas se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra 19 directores de corporaciones autónomas regionales del país y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla-, y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -Dagma-, por presuntas irregularidades relacionadas con el subregistro de estadísticas sobre tala ilegal, y volúmenes de madera en el mercado del país.
El ente de control advirtió que, la medida disciplinaria cobija al director de la Anla, Rodrigo Suárez Castaño, y a la directora del Dagma, Claudia María Buitrago.
Así mismo, a los directores de las corporaciones autónomas regionales de Santander (CAS), Juan Gabriel Álvarez; Antioquia (Corantioquia), Alejandro González Valencia; Tolima (Cortolima), Jorge Enrique Cardozo; Sucre (Carsucre), Johnny Alberto Avendaño; Cauca (CRC), Yesid González Duque (CRC); Quindío (CQR), Jhon James Fernández; Valle del Cauca (CVC), Rubén Darío Materón; de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), José Fernando Tirado y Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco.
A los directores de Risaralda (Carder), Jairo Jaramillo Rivera y Martha Mónica Restrepo; Atlántico (CRA), Alberto Escobar Vega; Magdalena (CAM), Carlos Alberto Cuéllar Medina; de los Ríos Negro y Nare (CORNARE), Carlos Mario Zuluága Gómez; Boyacá (Corpoboyacá), José Ricardo López; Caldas (Corpocaldas), Juan David Arango; Nariño (Corponariño), Fernando Burbano Valdez; de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, César Humberto Meléndez; la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge-Corpomojana, Liliana Milena Quirós, y al director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Enrique Prieto.
En este orden de ideas, el Ministerio Público trata de establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el registro de información de salvoconductos únicos nacionales en Línea –SUNL-, en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL- de la ANLA, entre el 2018 y el 2019.
Según la Procuraduría, los registros habrían sido duplicados o cargados más de una vez, con el fin de ser utilizados para legalizar madera talada ilegalmente a nivel nacional.
Finalmente, el ente de control decretó que “práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.