La Corte Constitucional seleccionó 37 tutelas para revisión, de las cuales en 36 se solicitaba la autorización de costosas terapias especializadas para niños y jóvenes entre los 2 y 20 años que supuestamente tenían alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas.
En cuanto a la tutela número 37, la IPS Funtierra exigía el pago de terapias a la Gobernación de Córdoba, que supuestamente había dado a 500 niños que consiguieron esos tratamientos con 45 tutelas.
Esta institución nada más entre enero del 2014 y abril del 2016, recibió 16.280 millones de pesos por terapias especializadas.
La Corte, además dijo que los pacientes afirmaron que esa IPS los contactó a través de visitas domiciliarias informándoles “sobre la posibilidad de acceder a los servicios de salud gratuitamente mediante la interposición de tutelas
Asimismo, padres de familia dijeron que Funtierra les hizo “firmar unos papeles” y presentar copia de su cédula, y ella misma tramitó los recursos judiciales.
La información anterior fue revelada por El Tiempo que además precisó que la Corte Constitucional además de pedir a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Judicatura y hasta al Tribunal de Ética Médica que investiguen y tomen medidas frente a las “eventuales irregularidades” encontradas, también rechazó todas las tutelas.
Los recursos interpuestos estarían relacionados con terapias de comportamiento ABA, musicoterapia, con animales, sensoriomotriz, halliwick, entre otras, que no están cubiertas por los planes obligatorios de salud porque según la Corte “no existe evidencias científicas sobre su seguridad y eficacia” y también porque en muchos casos corresponden más a servicios educativos.
De acuerdo con El Tiempo, esos servicios no solo cobraban por las terapias, también por el transporte, alimentación y hasta viáticos.
Por su parte, la Superintendencia de salud, indicó que la mayoría de casos se dieron en la costa Caribe, especialmente en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena, así como en Bogotá y Medellín.
Los tratamientos, además, se concentraron en ciertas IPS como la Clínica Neurorehabilitar, el Centro de Estimulación y Aprendizaje Sonrisas de Esperanza (Atlántico), Passus IPS Taller Psicomotriz (Atlántico), la Fundación Integrar (Antioquia), el Centro de Capacitación Especial (Atlántico), la Clínica Neurorehabilitar (Bogotá), Passus IPS Taller Piscomotriz (Bogotá), la Corporación Encuentro para Soluciones de Comportamiento (Bolívar), el Centro de Rehabilitación Integral Arco Iris (Córdoba) y el Centro de Rehabilitación Integral Manantial (Magdalena).
Jueces, médicos, IPS, EPS y funcionarios estarían involucrados en la estrategia que presuntamente defraudó recursos públicos, por lo que la Corte pidió investigar a los médicos que no declararon “conflictos de intereses” ya que en la mayoría de los casos los tratamientos ordenados se practicaban en las IPS de las que ellos hacían parte.
El Tiempo explicó que, esta forma de recobrar recursos al sistema por terapias especializadas no es exclusiva de las 37 tutelas que estudió la Corte.
«Entre el 2006 y febrero del 2013, en el país se recobraron al sistema de salud 109.000 millones de pesos por terapias especializadas a niños supuestamente diagnosticados con esas alteraciones. El 92 por ciento de recobros se logró con fallos de tutela». aseguró el medio.
Además indicó que en los años evaluados, «la Corte encontró cómo crecieron las tutelas para pedir estas terapias. Mientras en el 2006 se presentaron 134 recursos judiciales, en el 2014 fueron 31.000 tutelas con este objetivo. Esos recobros fueron asumidos por las EPS con cargos a la Unidad de Pago por Capitación, es decir, recursos públicos».
lo descrito anteriormente generó alerta en la Corte puesto que las tutelas que piden terapias especiales crecieron desorbitadamente por encima del ritmo normal de las tutelas generales de salud.