En los próximos días, un juez de conocimiento de Bogotá definirá si avala o no el acuerdo firmado entre la Fiscalía General y el contratista Orlando Fajardo en el marco del proceso penal que se le adelanta por las irregularidades que rodearon la adjudicación del contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas.
En este preacuerdo se fijó una condena de 82 meses de prisión, que en total son siete años, además el pago de una multa de 394 salarios mínimos legales vigentes por los daños causados a la administración por las fallas en la ejecución de esa obra que tenía como fin principal la descontaminación del Río Bogotá. Igualmente se fija una inhabilidad de 91 meses para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.
En la negociación, se pactó la modificación de uno de los delitos por los que fue acusado el contratista, hecho por el cual ya no sería condenado por el delito de peculado por apropiación sino por el de abuso de confianza.
En este punto señaló que el contratista, quien se encuentra privado de su libertad en centro carcelario desde el 12 de noviembre de 2017, pueda pagar la condena que le será impuesta en su domicilio, esto debido a los problemas de salud que presenta actualmente.
Esta modificación fue cuestionada por el agente especial de la Procuraduría General quien señaló que existe reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que restringe hacer este tipo de cambios si no se cuentan con los elementos que demuestren la imposibilidad de recibir el tratamiento que necesita en la respectiva cárcel.
Fajardo aceptó su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza y cohecho por dar u ofrecer.
Por estos mismos hechos enfrenta un juicio el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien habría recibido comisiones de un grupo de contratistas para direccionar el mencionado contrato de obra el cual, después de casi diez años, no se ha podido realizar.