Los habitantes de los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento y Lorica rechazan un nuevo proyecto que puede poner en riesgo más de 8.600 hectáreas de manglares, las cuales sirven como refugio y protección para peces, moluscos y un caimán en peligro de extinción en el país.
Se trata de la construcción de una infraestructura portuaria en la línea costera debido a su ubicación, características geográficas y ambientales.
Es de recordar que actualmente operan cinco puertos de transporte de hidrocarburos y se proyectan dos más, uno de carga y otro de graneles y carbón, en Cispatá.
Esta Bahía que está en el golfo de Morrosquillo, Córdoba, posee gran biodiversidad y servicios ecosistémicos pues tiene bosques secos, pantanos costeros y de agua dulce en el área continental, y en sus profundidades, fondos sedimentarios y praderas marinas.
Es por esto que Cispatá es un área marina protegida que tiene condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades humanas.
Alrededor de 160 mil personas que viven y se benefician del DMI son las mismas que podrían resultar afectadas tras la construcción de dichos puertos.
En este sentido, Clara Lucia Sierra, bióloga quien trabaja hace más de 10 años con la conservación del caimán aguja en la región, afirma que “la comunidad está haciendo una defensa férrea de su territorio a través de figuras legales de protección”.
Los manglares de la bahía de Cispatá son unos de los mejor conservados en Colombia. Foto: Clara Lucía Sierra.
El desacuerdo de las comunidades de pescadores frente al proyecto de construcción de los dos puertos en el municipio de San Antero, los ha motivado a recurrir a medidas legales para proteger su territorio. Fue por eso que en diciembre de 2017 se argumentó en un Acuerdo municipal, el principio de precaución para evitar daños futuros sobre los ecosistemas del DMI por cuenta de la construcción de puertos.
Por otra parte, no solo hay rechazo por parte de las comunidades pues según la bióloga Clara Lucía Sierra, en la reunión que se realizó el 8 de mayo, el alcalde rechazó el proceso desarrollado con la presencia del Ministerio del Interior, la CVS, representantes de la Defensoría del Pueblo y consultores de Bioparque, entre otras entidades.
Caimanes aguja en la bahía de Cispatá. Foto: Asocaiman.
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