El rector de la Universidad de Córdoba. Jairo Torres Oviedo, no ha dado cumplimiento a un fallo judicial, de segunda instancia, que ordena el reintegro de un grupo de trabajadores que fueron despedidos en el año 2012, durante el encargo del economista Geovany Argel.
Desde el primero de agosto del año pasado, el Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó el reintegro del entonces jefe de admisiones y registro,Luis Eduardo Burgos Solipá, al mismo cargo, uno similar o superior y al pago de una indemnización que incluye el pago de los salarios dejados de devengar durante todos estos años, pero ocho meses después no lo han hecho.
Pese a que en los actuales momentos el cargo no ha sido suprimido, ni ha sido objeto de modificación o reestructuración administrativa alguna que haya cambiado su naturaleza, categoría, clasificación u otro aspecto inherente a dicho empleo, no han dado cumplimiento a lo ordenado.
Tampoco han hecho efectivo el pago de la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su retiro, 8 de octubre de 2012, hasta que se produzca efectivamente su reintegro, aplicando los ajustes de valor a la fecha actual.
El abogado Héctor Milanés Julio instauró un incidente con el fin de exigir el cumplimiento de la orden judicial, pues con el paso de los años se siguen vulnerando los derechos del trabajador, pues hasta el momento no ha sido reintegrado.
Hay que indicar que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería había negado las pretensiones de Burgos, pero la decisión fue apelada y el Tribunal revocó esa sentencia y ordenó anular la resolución 1497 del 8 de octubre de 2012 expedida por el entonces rector encargado de la Universidad de Córdoba, Geovany Argel, quien durante los dos mes que estuvo en el cargo tomó decisiones administrativas que significarán una millonaria suma en pago de indemnizaciones al centro educativo.
Después de cinco año, la justicia empezó a emitir fallos en los cuales ordenaba el reintegro de varios trabajadores que habían sido despedidos sin justa causa, pese a que se encontraban en carrera administrativa.
En ese momento se indicó que la Universidad de Córdoba estaba en medio de una rebatiña política entre los partidos de la U y el Liberal y fue encargado Argel, quien en poco tiempo tomó decisiones nefastas para las finanzas del alma máter que además de reintegrar a los trabajadores, deberá pagarles una millonaria indemnización.