Procuraduría prorrogó por tres meses más la suspensión a la Secretaria de Mujer y Género de Córdoba

Procuraduría prorrogó por tres meses más la suspensión a la Secretaria de Mujer y Género de Córdoba

La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses más la suspensión provisional de Sandra Gómez Urbina, secretaria de mujer y género del departamento de Córdoba, quien es investigada por las presuntas irregularidades en la ejecución de varios convenios para la atención de adultos mayores, el cual ha sido llamado el Cartel del Bastón.

Recordamos que el ente investigador había suspendido por tres meses a la funcionaria del cargo el pasado primero de marzo del presente año, cuando abrió dicha indagatoria disciplinaria en su contra y que en su momento Gómez Urbina desmintió la existencia dicho cartel.

Sin embargo, este martes la misma entidad anunció que abrió investigación a siete alcaldes de Córdoba por el mismo caso: Juan Carlos Yances Padilla, alcalde del municipio de Los Córdobas; Ovidio Miguel Hoyos Paternina, de Pueblo Nuevo; José Ignacio Gómez Ramos, de Valencia; Gilberto Ramírez Montes, de Planeta Rica; Teresa María Salamanca, de Chinú; Alejandro Javier Mejía, de Ciénaga de Oro, y Baldomero José Villadiego, alcalde de Sahagún.

La Procuraduría señaló que entre las presuntas irregularidades detectadas “se encontraron inconsistencias en las planillas que justificaban la prestación del servicio, pues no describían la clase de atención brindada, la fecha en que se realizó o el municipio donde se efectuó. Otras presentaban datos parciales o no contaban con la firma del beneficiario del programa”.

Por su parte el Ministerio Público agregó que también halló en los listados a personas que no tendrían el derecho por no pertenecer al Sisbén en los niveles I y II de atención, o por hacer parte del régimen contributivo.

“En otros casos los nombres consignados en los formatos no coincidían con los números de cédula con los que el adulto mayor se habría inscrito en el programa. También se encontraron registros de personas quienes tendrían su lugar de residencia en un departamento diferente y usuarios con cédulas que fueron dadas de baja por fallecimiento por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Igualmente se detectaron planillas donde la escritura de los nombres presentaba, al parecer, rasgos caligráficos muy similares en registros consecutivos”, sustentó la Procuraduría.

 

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