Córdoba también está en la mira de la Procuraduría General de la Nación por la ola de desplazamientos que se está produciendo en el sur de Córdoba.
El Ministerio Público pidió a las autoridades que presente un informe de las acciones adelantadas para prevenir los desplazamientos masivos por en varios municipios del sur.
El área delegada para la Defensa de los DDHH, con base en una alerta de la Defensoría del Pueblo, solicitó a la Gobernación de Córdoba, liderada en la actualidad por Sandra Devia, un informe sobre las medidas que tomaron para proteger a la población y evitar el desplazamiento
Esa misma solicitud la hizo al alcalde de San José de Uré, Luis José González Acosta; al Comandante de la Séptima División del Ejército, general Alberto Sepúlveda Riaño, y al Comandante de Policía Córdoba, coronel Marcelo Napoleón Russi Cárdenas, un informe sobre el conocimiento de amenazas y medidas de protección para preservar la vida del líder comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Pedrito de San José de Uré.
También le pidieron un informe de las medidas para evitar el desplazamiento de 75 familias, integradas por 375 personas, que están recibiendo amenazas por parte de un grupo identificado como “Caparrapos” y otro relacionado con los enfrentamientos entre ellos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El Ministerio Público evaluará las respuestas de los entes territoriales para definir la procedencia de acciones disciplinarias, si hubiere lugar.