El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Córdoba (Sintradecor), hizo pública la denuncia de un presunto desfalco económico que sobrepasa los 2.500 millones de pesos, señalando que se reconocieron irregularmente derechos laborales a varios funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación de Montería.
Olimpo Anaya Caraballo, vocero de Sintradecor, indicó que las presuntas actuaciones irregulares se habrían cometido durante la administración de Carlos Eduardo Correa, siendo en ese entonces, Catalina Mariño, la secretaria de Educación. Agregando además los documentos que sustentan la denuncia, donde presentó a ciudadanos que habrían sido estafados por lo que, al parecer, es una cadena de corrupción en la Secretaría de Educación.
En dicho documento se relata que desde el año 2014 en la Secretaria de Educación Municipal de Montería, se expidieron actos administrativos que reconocieron primas y pensiones a trabajadores, sin embargo estos no recibieron los dineros que estipulaba la disponibilidad presupuestal.
También explica que aparte de la diferencia dejada de girar a los beneficiarios por el orden de los 1.779 millones de pesos, se suma los millonarios recursos, que no son cuantificados, que recibieron funcionarios que no tenían derecho porque carecían de calificaciones de los servicios y que no hacían parte de carrera administrativa.
Anaya Caraballo aseguró que varios entes de control como la Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría tienen conocimiento de este caso de corrupción, añadiendo que “muchas de las personas que se sienten vulneradas aseguran que un colectivo de abogados están involucrados en estas presuntas irregularidades cobrando honorarios de hasta el 90% y cuando los trabajadores quieren revocar el poder, la Secretaría se niega a recibir los documentos”.
El documento que detalla los valores de los recursos que fueron enviados por el Ministerio de Educación Nacional para que se les consignará a los beneficiarios, están el número de cédula de ciudadanía de varios funcionarios a los que debieron pagarle en la primera tutela, sin embargo, estos no recibieron ningún tipo de pago.
Asimismo el denunciante reveló casos como el de una persona a la que le pagaron por prima técnica la suma de 117 millones, la cual fue notificada. No obstante, en la liquidación oficial de los registros de la Secretaría aparece un monto de 217 millones.
Así las cosas y de acuerdo con lo revelado en la denuncia, el dinero para el pago de los beneficiarios de la tutela vino, pero no fue pagada a todos, el resto de recursos están perdidos y nadie da razón o explicación, el abogado apoderado del gremio de trabajadores no da explicación y tampoco presentó el incidente de desacato que le correspondía hacer para que le dieran el cumplimiento al pago de todos los funcionarios.
